El entorno para las Asociaciones Público-Privadas en el sector de infraestructura de América Latina y el Caribe se está ampliando a medida que los países se esfuerzan por cerrar la brecha de inversión en proyectos clave. En México se han adjudicado un total de 266 proyectos de infraestructura de Asociaciones Público Privadas por un valor aproximado de 142 mil millones de dólares entre 1990 y 2016. Lo que nos ubica en el sexto lugar a nivel regional en la implementación de estas soluciones, según el estudio Infrascopio 2017, el cual es desarrollado por The Economist Intelligence Unit y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No es de extrañar esta tendencia, por cuanto las Naciones Unidas y distintas asociaciones civiles han considerado como imprescindible el papel del sector privado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 -2030.

Pero… ¿Qué son las APP?

Las APP son contratos entre el entes públicos y empresas privadas en los que suelen acordar la construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura y/o de Servicios, estableciéndose las obligaciones y beneficios de cada uno de los sujetos. Por ejemplo, el privado financia la obra, mientras que el gobierno se encarga de retos como la obtención de permisos. Para el desarrollo de estos proyectos, las empresas privadas reciben ingresos —por un período de tiempo definido— ya sea mediante el pago de los usuarios por el uso de estos activos o bien por una contraprestación que el gobierno paga por mantener estos activos operando adecuadamente. Las APP no son privatizaciones, ya que los activos que se construyen pertenecen siempre a la entidad pública que encarga su construcción.

¿Cuál es su situación actual en México?

En la actualidad político-financiera de México y sus entidades federales -altamente dependientes del gobierno federal en ingresos- les resulta sumamente atractiva y necesaria que se eleve la curva de inversión privada en infraestructura pública, más aún cuando caída del precio del petróleo, los recortes presupuestales hacen que lo único que aumente sean los proyectos cancelados. De hecho, la calificadora de riesgo Fitch Ratings indica que el futuro de algunos de los grandes proyectos de infraestructura iniciados en el sexenio actual, es incierto, pues es probable que cualquiera que gane la elección presidencial abandone alguno de ellos. El escenario se ensombrece cuando los números indican que la iniciativa privada, a través de las Asociaciones Público Privadas, no pudo subsanar esta caída durante el sexenio, pues también hay menos proyectos activos en este esquema.

¿Son las APP la solución al endeudamiento público y a la prestación de servicios?

A pesar de las evidentes ventajas que trae el esquema de las APP, así como el respaldo legal y gubernamental que gozan, es necesaria la supervisión constante y la materialización de la regulación sobre las cuales se forma, para evitar, que al igual que otras figuras de financiamiento, el dinero invertido y el costo de operación, tengan la transparencia adecuada para evitar sombras de corrupción sobre el sistema.

Las APP se han enfrentado desde su implementación, a evitar que su adjudicación sea en base a corrupción y compadrazgos.  En México se evidencia que muchos cuestionan esta figura como una privatización disfrazada, en especial a la adjudicación de contratos sobre las cuencas hídricas, indicando los opositores que se establecen un régimen de certidumbre jurídica y ventajas económicas que potencia los usos lucrativos del agua, en detrimento de las comunidades.

De igual manera la construcción de hospitales o penales de capacidades mayores a las necesarias, hace que el gasto por paciente o reo sea mayor, al atender a una población menor a la que fueron diseñadas. También destacan diversos actos de corrupción en varias entidades federales de la República, en las que las APP cumplen una función de recepción de fondos públicos, sin que sean prestados los servicios para lo que fueron creadas.

Estos eventos ensombrecen una destacada herramienta de financiamiento y la efectividad en el uso de los recursos estadales, así como disminuyen la eficacia de la tan vanagloriada administración privada.   Sin embargo, las APP se han ganado un puesto en las economías de los países, y en especial en las entidades regionales, donde tienen un conocimiento inmediato de las necesidades de su población, así como de los recursos que pueden ser explotados; y en donde el brazo del financiamiento federal queda corto, los emprendedores locales tienen una herramienta, que bajo el cumplimiento de normativas, es una relación que solo puede ser ganar-ganar.

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