Cuatro contratos petroleros privados: Zama, Hokchi, Amoca-Miztón-Tecoalli e Ichalkil, podrían aportar casi 4,000 millones de dólares de impuestos al año al llegar al 2023.
Este monto equivale a 80,000 millones de pesos, que suma los impuestos totales que pagaron en el 2017 las cuatro empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores que más aportan al fisco en el país: América Móvil, Grupo México, FEMSA y Walmart, según el análisis elaborado por Pulso Energético con datos del nuevo reporte de Energy Policy Research Foundation.
Entre el 2026 y el 2030, estos mismos cuatro contratos petroleros podrían estar generando casi 6,000 millones de dólares de impuestos por año. Esto equivale al total de impuestos pagados por las nueve empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores que más pagaron impuestos en el 2017.
“Si lo aterrizamos en términos gasolineros, todo esto significa que tan sólo cuatro contratos podrían aportar el equivalente a la mitad del IEPS (impuesto especial) de gasolinas en el 2017, un año récord en la recaudación de este impuesto”, explicó el centro de análisis.
Zama es el proyecto exploratorio más avanzado, con inversiones superiores a 19 millones de pesos en la fase exploratoria y como contrato de producción compartida de la Ronda 1.1, fue adjudicado al consorcio entre Talos Energy, Premier Oil y Sierra Oil and Gas, quienes analizan la unificación con una asignación de Petróleos Mexicanos; Hokchi fue el primer contrato de extracción que presentó un plan de desarrollo para iniciar la producción este año por parte de los contratistas argentinos Pan American y E&P Hidrocarburos; Amoca-Miztón-Tecoalli es el bloque que se adjudicó a la italiana Eni también en la Ronda 1.2, y donde mediante actividad exploratoria se llegó al hallazgo de 412.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas 2P, y finalmente Ichalkil es el bloque adjudicado a Petrobal en consorcio con el operador estadounidense Fieldwood, que inicia operaciones de producción a más tardar en el 2019.
AMLO y Amexhi
Raymundo Piñones, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), explicó que en la charla que sostuvieron empresarios petroleros privados con el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, se mantuvo la meta de 280,000 barriles diarios por parte de operadores privados y se mantendrá el seguimiento a la implementación de estos contratos por parte el gobierno de la República.
“Una reunión con el presidente de la República no es algo que se vea todos los días y nos aseguró que tendremos reuniones regulares para revisar la implementación de los contratos”, dijo Piñones en entrevista con Pulso Energético.
El director de la Amexhi aseguró que la reunión con el presidente consistió en una exposición de las cifras de inversiones por parte de las compañías, por ejemplo, para una compañía petrolera inversión es todo lo que gasta para un proyecto, entonces le expusieron cuotas de exploración al Estado, los impuestos sobre actividades de exploración y otras erogaciones como bonos a la firma de contratos o adquisición de sísmica mediante exploración superficial para la localización de recursos en el país.
“El objetivo es que a las compañías les cueste tener áreas en exploración y así puedan alinear objetivos por el Estado”, dijo.
Según Piñones, hasta el momento se han invertido más de 50,000 millones de pesos en adquisición de datos en investigación y desarrollo de sísmica.
Recursos para el Estado
Los operadores de 107 contratos petroleros adjudicados hasta hoy tienen la obligación de pagar cuotas exploratorias por kilómetro cuadrado, que tan sólo por parte de los contratistas en los cuatro proyectos más avanzados: Hokchi, Amoca-Miztón-Tecoalli, Zama e Ichalkil fueron de más de 25 millones de pesos durante los primeros dos años de trabajos. Al entrar en la fase de desarrollo, los contratistas pagarán también distintas cuotas exploratorias por kilómetro cuadrado que varían según el tipo de recursos de cada área. Estas erogaciones al Estado se suman a los bonos a la firma como criterio de adjudicación de distintos contratos, lo que hasta julio del año pasado otorgó al Estado 1,021 millones de dólares.
Fuente: El Economista
