Los proyectos de infraestructura generalmente se realizan por interés público, cuando existe un interés superior que beneficia a la colectividad. Pero ¿qué hay que considerar para garantizar que tengan viabilidad? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a saber si el beneficio superará el posible impacto ambiental o social que puedan tener? Aquí analizamos algunos.
Todos los proyectos, grandes y pequeños, tendrían que ser evaluados desde varios puntos de vista: el social, con el propósito de revisar si en la zona hay grupos vulnerables, el índice de desarrollo humano de la población, el impacto que provocan en las comunidades —directa o indirectamente— afectadas y beneficiadas; el económico, para analizar la rentabilidad del proyecto, tomando en consideración el costo frente a los beneficios de la inversión; el componente financiero, para acreditar su factibilidad con el financiamiento público o privado, o ambos en el corto y largo plazo, hasta la conclusión de la obra, a fin de garantizar que no quede interrumpida por falta de capital; el técnico, para revisar su factibilidad en términos estrictamente vinculados con la obra y su ejecución; el ambiental —cada vez más valorado—, con el propósito de evaluar el impacto al medio ambiente, logrando que sea sostenible —con un equilibrio entre lo social, ambiental y económico— y, en su caso, precisar las medidas de mitigación.
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Pero existe un factor o componente que, aunque a veces parece subestimado, en los hechos se ha evidenciado como determinante y es la negociación con los propietarios de la tierra. La experiencia indica que se aprueba el proyecto, se prevé su inicio, pero el análisis de los derechos de propiedad en el área de interés o no se completa o ni siquiera parece haber sido tomado en cuenta.
Esto cobra relevancia en un país como México, si se considera que el 51% del territorio nacional es propiedad de 32,121 ejidos y comunidades, y que se trata de una propiedad colectiva. Por lo tanto, las decisiones sobre los derechos de propiedad —en gran cantidad de supuestos— requieren de la aprobación de las asambleas.
A la luz de obras fallidas que abundan en la historia reciente del país, quizá la pregunta correcta que tendría que hacerse antes de definir un proyecto sea la siguiente: ¿Por qué en México no se han iniciado proyectos de infraestructura, se han interrumpido o, incluso, han sido cancelados? Ese es el camino común a proyectos que fueron definidos relevantes, pero que quedaron en el camino, como ocurrió, por ejemplo, con la construcción del Aeropuerto de Ciudad de México (2001)—, por el que se expropiaron tierras a varios ejidos de la zona de Texcoco, abrogando posteriormente los decretos expropiatorios (2002); y obras hidráulicas para las cuales no se han llevado a cabo las negociaciones oportunas con los propietarios de las tierras y no se han realizado, (La Parota, en Guerrero).
Por suerte, existen muchos casos en los que la gestión de los derechos de propiedad, así como la social y la ambiental, hablan de una ejecución armónica entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los dueños de las tierras y, en su caso, los inversionistas, dando como resultado proyectos debidamente realizados, de acuerdo con los tiempos programados. Por ejemplo, la presa hidroeléctrica El Cajón, en el Estado de Nayarit.
Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? La existencia de tres factores importantes dentro del área de un determinado proyecto y su área de influencia, que son los derechos de propiedad, el impacto al medio ambiente y al ámbito social.
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En un proyecto, no obstante que existan evaluaciones favorables del impacto ambiental y social, es indispensable realizar el análisis de los derechos de propiedad y que la negociación con los propietarios sea definitiva. Es decir, muchas veces al iniciar la obra se establecen contratos temporales para iniciar el proceso, pero sin mecanismos de cierre y certeza para las partes, ello puede ocasionar controversias desde el punto de vista social, en oposición al proyecto; o que se inicien juicios agrarios que cuestionen la equidad de los contratos, o bien, juicios de amparo por reclamos por probables violaciones a los derechos humanos.
A la luz de ello, surge una pregunta que es clave y relevante al definir si una obra de infraestructura tiene o no viabilidad. ¿Se pueden prevenir controversias por derechos de propiedad? Desde mi punto de vista, la respuesta es afirmativa, aunque inmediatamente surge otra interrogante: ¿Cómo? Mediante un diagnóstico de los regímenes de propiedad en el área de influencia: propiedad privada, propiedad ejidal o comunal (social), o pública.
Si es propiedad social, de qué tipo de tierras se trata (uso común o parcelas); investigar si tienen representantes vigentes; si el padrón de sujetos de derecho está actualizado; si existen controversias y la naturaleza de las mismas (individual o colectiva); en qué instancia se está dirimiendo (en ninguna, en sede administrativa o jurisdiccional); el valor comercial de la tierra y de los bienes distintos a esta; garantizar el derecho a la información, a la participación y en su caso a la consulta tratándose de comunidades que pertenecen a pueblos indígenas (para lo cual los propietarios de las tierras requieren conocer los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos). Con un diagnóstico preciso de los regímenes de propiedad se podrá integrar un plan de trabajo que articule tres factores que están interrelacionados: derechos de propiedad, impacto ambiental e impacto social.
En el largo plazo, la sostenibilidad de un proyecto tiene dos pilares: el ambiental y el social —con la inclusión de mujeres y de jóvenes—, pero en el centro están los propietarios de las tierras con quienes hay que iniciar una negociación a fin de lograr acuerdos equitativos y legales que, incluso, pueden incluir la asociación.
Lo anterior da certidumbre a todas las partes involucradas. Para ello, como lo determina la FAO en la Guía del Inversionista (documento técnico de las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional), es importante establecer relaciones económicas que beneficien al inversionista público o privado, pero también a los propietarios de las tierras. De lo contrario la falta de negociación con los propietarios de las tierras puede resultar más costoso: es preferible invertir un poco más de tiempo y lograr acuerdos duraderos.
Los actores involucrados son determinantes para generar confianza, actuando siempre con transparencia y honestidad.
Fuente: Forbes México
