El autor es el Auditor Superior de la Federación.
Temas recurrentes han sido los del fortalecimiento del federalismo fiscal y la revisión de las responsabilidades recaudatorias de cada orden de gobierno. Han sido muchos los momentos en que se intensifican las expresiones públicas para insistir en propuestas para ello, siempre apuntando a fortalecer una mayor autonomía de las finanzas estatales y locales. Los avances parciales resultaron fallidos, como la modernización de la educación básica de 1992 y el mismo proceso en materia del gasto en salud, los cuales más que fortalecer las finanzas estatales, terminaron por hacerlas más dependientes de las transferencias federales, muestra de ello son los déficits heredados por la creación del FAEB y su fórmula de distribución de recursos de 2008 a 2014. Cuando se crea, en 1998, el Ramo 33, en muchos estados creyeron que duplicarían sus recursos de libre disponibilidad, sin tener claro que se trataba de recursos federales condicionados, auditables por la ASF. Por otra parte, se multiplicaron los incumplimientos por parte de la autoridad federal, con la doble negociación y el otorgamiento de los 90 días adicionales al magisterio, lo que se fue traduciendo en déficits crecientes en la operación a cargo de las autoridades estatales, que empezaron a actuar como patrones sustitutos de los maestros.
La persistencia de las desigualdades en el desarrollo regional, el poco interés recaudatorio de los órdenes estatal y municipal, como lo muestran con el impuesto a la tenencia y el desperdicio del predial a nivel municipal, la falta de planeación en el proceso de descentralización de salud y educación, fórmulas de distribución deficientes, etcétera, son algunos de los ejemplos que podemos citar.
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Sin embargo, los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para financiar las necesidades de infraestructura y gasto social de las entidades federativas y de las autoridades municipales. Un ejemplo es que el costo de la evasión y elución fiscal promedio en la región es del 6.3 por ciento del PIB.
Más aún, se requiere un fuerte trabajo en la integración y adecuación de impuestos ecológicos y digitales, acordes a los tiempos, de lo contrario se crean debilidades recaudatorias. Un buen logro son las facultades que logró Zacatecas en materia e impuestos ecológicos.
En México existe una gran concentración del poder recaudatorio en el gobierno federal, mayor a la de los países miembros de la OCDE, quedando sólo algunas posibilidades en materia de colaboración administrativa, debido a la cesión de facultades cuando se firma su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, desde 1980.
En la estructura tributaria federal siguen pesando más los impuestos indirectos, y existen espacios de evasión fiscal a pesar de los grandes avances recaudatorios y fiscalizadores del SAT.
El gasto federalizado es del 35 por ciento, las participaciones rebasan a las aportaciones, pero con los subsidios y los convenios de reasignación, las no condicionadas son ligeramente menores. El porcentaje de ingresos propios de los estados, respecto a sus ingresos locales, promedia apenas un 10 por ciento, aunque hay estados donde significan menos, lo que se refleja en la fiscalización del gasto público: las auditorías estatales fundamentalmente auditan recursos federales. Claro hay importantes excepciones, destacando la CDMX, con más de la mitad de ingresos propios.
Un recuento histórico dice que no hemos mejorado mucho.
El fortalecimiento del federalismo fiscal requiere de un mejor reparto de las facultades recaudatorias, condicionado a mejores prácticas en el gasto público. Sino repetiremos las malas prácticas en el ejercicio del gasto público, debilidad presupuestaria, un mal llamado federalismo fiscal, el mal uso del gasto público, endeudamiento irresponsable y el mantenimiento de la pobreza y la desigualdad, entre otros.
Fuente: El Financiero
