La Ley de Disciplina Financiera (LDF) de las Entidades Federativas y los Municipios data de 2016 y es el cuerpo normativo en el cual se establecen lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas para la presupuestación y ejercicio de los ingresos y gastos, así como para la contratación de deuda de los gobiernos subnacionales y sus organismos, pero ¿qué significa?
Básicamente que el criterio fundamental para adquirir deuda es que sea una inversión productiva para la sociedad; esta ley surge como una respuesta ante la creciente demanda de transparencia y responsabilidad para ejercer el gasto público y derivado, a su vez, de un escenario de creciente endeudamiento de entidades federativas que podrían ver comprometido en el futuro su estabilidad económica.
Una de las ventajas de esta ley es que obliga a que los proyectos e inversiones se lleven a cabo mediante la planeación que permite, a la vez, evaluar riesgos y oportunidades con un horizonte más amplio.
Otro de los objetivos de dicha ley es mantener una estabilidad financiera y el control de las finanzas locales a mediano y largo plazo, evitando sobreendeudamientos, de manera sostenida y con la implementación de alertas cuando se caiga en una situación de riesgo.
A partir de su implementación, se ha brindado a las instituciones financieras una mayor certeza en cuanto a la transparencia y la legitimidad, pues los procesos se abrieron de manera pública, competitiva y eficaz, por lo que el gobierno ahora tiene una gama más amplia de opciones en el momento de contraer deuda o renegociarla, lo cual obliga a que las condiciones sean más equitativas.
