El mayor reto para México durante el próximo sexenio de Andrés Manuel López Obrador es combatir la corrupción y castigar a los «peces gordos» y empresas sin importar su influencia política.
Un nuevo informe de Transparencia Internacional sobre los niveles de castigo a la corrupción en 44 países, identificó a México en el grupo de las naciones con niveles mínimos o nulos de cumplimiento en esta materia.
El informe, presentado el pasado miércoles en Berlín, Alemania, destaca en su apartado para México lo que será el principal reto para la nueva administración de López Obrador: que la Fiscalía General que está por nacer tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar la Convención de la OCDE contra el cohecho internacional para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional.
El informe detalla que en el periodo 2014 a 2017, correspondiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, se han abierto tres casos sobre corrupción transnacional, pero hasta el momento no ha habido ninguna sanción o conclusión.
«Lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. A casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención, esto nunca ha ocurrido», de acuerdo con Transparencia Mexicana, capítulo local de la organización internacional.
Por si fuera poco, México no solo es un país que destaca por no sancionar la corrupción sino por su falta de información pública de los casos de investigación.
En el informe se detalla que ninguna de las plataformas de acceso a la información de la PGR o de la cancillería ofrecen pormenores de las resoluciones de las indagatorias en curso, información que por su interés público debería ser conocido.
EMPRESAS EN LA MIRA
La Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, o Convención OCDE contra la corrupción, como se le conoce más ampliamente, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero. México ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico.
Sin embargo, dos empresas mexicanas están bajo investigación en otros países. Cemex, empresa cementera dirigida por Fernando González, está en la mira por sus actividades comerciales en Colombia. Y Grupo México, la minera de Germán Larrea, tiene problemas en España. De estos casos no se ha dicho nada en nuestro país.
Transparencia Mexicana destacó que esta Convención es la que inhibe que las empresas mexicanas o extranjeras participen en actos de corrupción en operaciones internacionales como los que prevén los tratados de libre comercio que México negocia con socios comerciales.
Esta Convención aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.
RECOMENDACIONES
En el diagnóstico de Transparencia Internacional se recomienda que el gobierno mexicano, que cambiará de administración a partir del 1 de diciembre, llene los huecos del Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Fiscalía sea verdaderamente autónoma.
Transparencia Internacional recomienda en cuanto antes que el Senado no atore los nombramientos de los magistrados anticorrupción y del fiscal especializado en la materia. Esta ausencia de nombramientos provoca que los casos de corrupción en México no se procesen actualmente en términos de las nuevas leyes, muy presumidas durante el gobierno de Peña Nieto.
Además, Transparencia Internacional recomienda hacer más fuerte el Sistema Nacional Anticorrupción no solo en la independencia de sus componentes y designaciones sino también hacerlo sólido a nivel estatal, donde se ven sus mayores carencias por la dependencia del Poder Ejecutivo local.
Pero incluso se recomienda que la Suprema Corte sea menos dependiente del Poder Ejecutivo federal, donde el presidente de la Suprema Corte sigue siendo designado por el presidente de la República.
Finalmente, el documento recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga un rol más activo en la investigación y detección de casos de corrupción, así como ser más transparentes en las indagatorias.
Fuente: Nación 321
