La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, son elementos indispensables que deben estar presentes en cualquier sociedad que se precie de ser democrática; con ello es posible generar confianza en las decisiones que se adoptan en el Estado Constitucional.
Así, en un contexto internacional de mayor exigencia en apertura informativa y con espacios de mayor participación ciudadana, México dio los primeros pasos para impulsar, en un primer momento, el derecho a la información con la reforma política de 1977, y gradualmente ir sentando las bases, principios, autoridades y procedimientos del ejercicio del acceso a la información pública con la primera ley federal de 2002, las reformas constitucionales de 2007 y de 2014, hasta las leyes general y federal de transparencia de 2015 y 2016 respectivamente, para consolidar el régimen de la transparencia en nuestro país con un entramado institucional autónomo dotado de instrumentos jurídicos de avanzada.
En esta mirada en retrospectiva del avance de este derecho humano, el Poder Judicial de la Federación contribuyó a dar forma al contenido y alcance del acceso a la información mediante la interpretación y adopción de criterios que fortalecieron el contenido y alcance del derecho de acceso a la información. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una relevante aportación jurisdiccional en 1996, en la ya emblemática tesis del tema de Aguas Blancas donde identifica al derecho de acceso a la información como una garantía estrechamente vinculada con el respeto de la verdad, para en 2007 reconocerlo como un derecho humano fundamental y universal.
De manera paralela, también el Tribunal Electoral democratizó, vía sentencias, la vida interna de los partidos políticos al obligarlos a entregar información a sus militantes, cuestión que no es menor, dado que la transición política en México fue por la vía partidista como lo sostiene Woldenberg.
Desde mi punto de vista, el régimen que hoy tenemos para la protección de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales es, sin duda alguna, un logro conjunto de la sociedad civil organizada, siendo actor clave el llamado Grupo Oaxaca, con las instituciones del Estado mexicano y de quienes las han encabezado, con los consensos y disensos propios de una democracia, que han enriquecido el debate público y le han dado sustento.
El resultado de la primera Ley Federal de Transparencia marcó el inicio de una serie de acciones legislativas, políticas públicas y decisiones jurisdiccionales que trajeron consigo un fortalecimiento a la democracia mexicana.
Debemos reconocer el esfuerzo plasmado en la Declaración de Oaxaca, aquel 24 de mayo de 2001, la cual es la síntesis del Seminario de Derecho a la Información realizado en esa ciudad y suscrito por universidades, organismos no gubernamentales y más de setenta medios de comunicación miembros de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, donde se planteó la necesidad de crear una Ley de Acceso a la Información, para lo cual se designó a una comisión técnica quien se encargaría de trabajar con el Legislativo en la elaboración de una instrumento federal.
El proyecto Oaxaca, como se le denominaría coloquialmente, se respaldó en varios principios: el derecho de acceso a la información como un derecho humano a partir de lo determinado por instrumentos internacionales y la jurisprudencia interamericana; el principio de máxima publicidad y el órgano garante del derecho, entre otros, todo ello debería ser armonizado a la luz del federalismo como eje rector del republicanismo en México.
A más de quince años de los postulados en Oaxaca, continúan los retos, los cuales ahora se combinan con temas tecnológicos y de gobierno abierto, con el fin de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos a nivel nacional. Todo esto, por supuesto, armonizado en el marco de las sentencias interamericanas y los contextos regionales de América Latina.
Fuente: El Financiero
