Casi la mitad de los contratos de obra pública para la construcción de carreteras, puertos, escuelas, hospitales y otros trabajos han sido adjudicados directamente o por invitación restringida.
En los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las dependencias, institutos y organismos del gobierno federal han adjudicado de forma directa o por invitación restringida el 46% de la obra pública. Buena parte de ella correspondió al sector carretero.
De acuerdo con información de Compranet, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han otorgado 980 contratos de obra pública. Entre las dependencias destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Administraciones Portuarias e institutos de seguridad social como ISSSTE e IMSS.
Entre enero y febrero de 2019, se han otorgado cerca de 497 contratos de obra pública por un monto de alrededor de 3,194 millones de pesos: el 46% ha sido por invitación restringida y adjudicación directa.
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La contratación de obra pública se realiza bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), que dicta que existen tres modalidades de contratación: licitación pública nacional o internacional, y excepciones a la misma, que son la invitación restringida y la adjudicación directa. De acuerdo con la Ley, para que se otorguen contratos por estas dos últimas se deben cumplir requisitos como el monto a contratar, la «urgencia» o condiciones particulares de las obras. Ahora, casi la mitad de las contrataciones se han hecho siguiendo esas «excepciones».
“El proceso para contratar que deben seguir los gobiernos, federal y estatales, es la licitación pública abierta. Cualquier otro proceso tendría que justificarse, y un gobierno que se piensa abierto y promotor de la integridad y de políticas anticorrupción, debería generar mucha rendición de cuentas sobre estas decisiones”, dice Mariana Campos, coordinadora de rendición de cuentas en México Evalúa.
El sector carretero fue de los primeros en tener un plan de inversión sexenal, al inicio de la administración. El objetivo no era lanzar nuevos proyectos públicos o concesionados, sino terminar los que están en proceso, como las grandes carreteras de Oaxaca, y modernizar y conservar los ejes ya en operación, por un monto de 30,000 mdp.
Por ello, la SCT es la dependencia que más obra pública ha contratado, pero lo ha hecho sin mediación de concursos públicos, sino con invitación restringida a empresas. Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, la SCT y Capufe han otorgado 884 contratos en el sector carretero, de acuerdo con datos de la plataforma Compranet, de los cuales el 44% se han adjudicado sin concursarse públicamente.
Tan solo la SCT ha concedido 388 contratos de mantenimiento, conservación y rehabilitación carretera que no han sido concursados públicamente, sino adjudicados por procesos excepcionales como invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
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La SCT aclaró que las empresas invitadas a participar en los concursos restringidos cumplieron con requisitos, como estar 90% domiciliadas en la localidad donde se realizarán los trabajos y 75% certificadas y validadas por un organismo gremial, haciendo referencia a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Pero no explicó por qué se optó por este tipo de contratación, en lugar de por licitaciones abiertas. De acuerdo con la SCT, se invitaron a 921 empresas que estuvieron avaladas por la CMIC y por la Secretaría de Función Pública.
Eduardo Ramírez, presidente de la CMIC, destaca los contratos adjudicados por proceso excepcionales estuvieron entre 5 y 12 millones de pesos, y fueron dirigidos a empresas medianas y pequeñas locales. “El gobierno lo está haciendo transparente, hay transmisión de las licitaciones y fallos, sí son larguísimas, pero por eso hay que precalificar y que a las empresas ya no se les revise (durante el proceso) si son capaces o no, pero sí hablar de costos de referencias. Eso es una competencia abierta y directa”, afirma.
Sin embargo, ejecutar a toda prisa la adjudicación de contratos no es lo más recomendable, opina Alejandro Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC). “No es lo optimo, ya que nunca será una medida clara ni que garantice la transparencia, y al contrario, limitará la observancia y el conocimiento de más empresas que puedan ofrecer mejores condiciones, servicios o precios”.
El presidente de la CMIC y de CNET coinciden que sí es factible realizar adjudicaciones directas y ahorrar tiempo en los procesos, si se logra una lista de empresas que cuenten con acreditaciones de calidad, certificaciones y capacidades técnicas avaladas por organizaciones.
Fuente: Expansión
