Urge a modificar esquemas. Está pendiente subir la tasa de cotización obligatoria de 6.5 a 14 por ciento, dice especialista de PwC; el gasto para los pago creció 4.1 por ciento en el primer trimestre respecto a 2018.
Ante el aumento que tienen las pensiones y jubilaciones en el gasto público y su impacto para las finanzas públicas de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la necesidad de un cambio en el esquema de las mismas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en los primeros tres meses del año, el gasto público destinado a pensiones y jubilaciones creció 4.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2018 en términos reales, al pasar de 202 mil 371.9 millones de pesos a 219 mil 345.1 millones, lo que significa que la proporción de este rubro respecto al total del gasto programable presupuestario pasó de 21 a 23 por ciento.
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En el documento Estudio Económico de la OCDE 2019, el organismo recordó que las reformas de pensiones para los trabajadores del sector privado (1997) y de 2007 para los del público reemplazaron el “sistema de reparto de beneficio definido” por un régimen de “contribución definida” con cuentas de jubilación individuales, y si bien esto mejoró la capacidad de financiar las pensiones, persisten importantes retos. El texto explica que permitir que los trabajadores de transición del sector privado elijan si pasan del régimen de contribución definida con cuentas de jubilación individuales o permanecen en el sistema de reparto ejercerá presión sobre el presupuesto a mediados de 2030.
Además, las bajas contribuciones al sistema de pensiones obligatorio no garantizan beneficios de pensión de más de 50 por ciento del salario final. Por ejemplo, el organismo detalló que la tasa de contribución actual sin aportaciones voluntarias del trabajador de 6.5 por ciento de salario puede llevar a que del plan de contribución definida, en el mejor de los casos, se obtenga una tasa de reemplazo de solo 26 por ciento (del salario final) para un beneficiario promedio con una carrera laboral completa, y esto coloca a México con la segunda tasa de reemplazo más baja entre los países de la OCDE.
Ante esta situación, el organismo liderado por José Ángel Gurría consideró que la legislación reciente que garantiza que todos los fondos que quedan en la cuenta de vivienda (Infonavit) en el momento de la jubilación se transfieran al sistema de pensiones y se dividan anualmente, en lugar de tomarlos como un pago único ayudará a aumentar las pensiones futuras. Sin embargo, abundó, como la cuenta de vivienda puede retirarse durante la vida laboral, habrá una variación considerable en su valor futuro, y otro problema es que las altas tasas de transición hacia y desde la informalidad provocan una baja densidad de contribuciones y muchos trabajadores no han aportado el monto mínimo para tener derecho a una pensión.
En este contexto, la OCDE recomendó que para contener las obligaciones asociadas con los trabajadores de transición en el sistema de reparto, se implemente un mecanismo prorrateado que preserve los derechos adquiridos y realice la transición al nuevo esquema de contribución definida en una fecha predefinida. Otra opción, añadió, es poner un tope máximo a las pensiones de beneficio definido, pues las aportaciones al sistema de contribución definida deben aumentar gradualmente para mejorar la adecuación de las pensiones y dar margen para poder acortar el periodo de contribución requerido para calificar a una pensión y esto llevará a incentivar la formalización del trabajo. El reto, homologar el sistema Unificar el sistema pensionario en México es un tema que mantiene una amplia discusión por las complicaciones que conllevaría realizarlo y, más allá de eso, por lo contrastante que son los esquemas, principalmente en la percepción en cuanto al monto final de la pensión para los trabajadores, indicó el socio líder de la Práctica de Pensiones de la consultora PwC, Moisés Pérez Peñaloza.
Por un lado, el ahorro a través de Afore es insuficiente para obtener una pensión digna al momento de jubilarse, por lo que la operación de las administradoras requiere de ajustes para acrecentar los rendimientos y el monto de aportación; en contraste, en términos financieros es insostenible el modelo de beneficio definido, anterior a 1997. “Difícilmente podrá darse un sistema unificado porque el esquema de prestaciones que tienen los dos sistemas son muy diferentes, no podrán tener una legislación tan suave ni integrar dos modelos porque tienen una base económica diferente y con esquemas de recaudación contrastantes”. Dijo que si para ambas legislaciones el esquema de prestaciones fuera similar no habrá tantos problemas para un cambio, “pero, por ejemplo, en relación con los esquemas pensionarios de edad anticipada por parte del sector gubernamental y en algunas fracciones, considerar prácticamente todo el salario que se tenía como trabajador activo para el cálculo de la pensión es el reto más significativo”.
El especialista consideró que deberá ser más reducido el tope de salarios que se consideran para el sector público y lo que se toma en cuenta al momento de fijar el monto de la pensión. Recordó que aún se mantiene un esquema de transición (quienes cotizaron antes de las reformas al IMSS, Issste, Pemex, CFE) en donde existen algunos acuerdos contractuales o sindicales del sector gobierno que le permite a los trabajadores tener un nivel de reemplazo alto. Para los trabajadores del sector privado, explicó, lo que se considera para otorgar la pensión, es el salario que se tiene registrado en el IMSS por cinco años y el total de semanas cotizadas, de ahí se realiza el cálculo y se obtiene el porcentaje del sueldo fijado para la pensión.
Lo pendiente, dijo, es el aumento en la tasa de contribución o cotización obligatoria de 6.5 a 14 por ciento, con lo que los trabajadores podrán obtener beneficios pensionarios cercanos a 50 por ciento del último salario percibido; consideró difícil pensar que para la segunda mitad de esta administración se logren las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. 3.54 Billones de pesos son los recursos administrados por las Afore. Los activos administrados por las Afore están en el segundo lugar del sistema financiero por detrás de los bancos. 27.35% Representan los activos netos de las Siefore del ahorro interno y los activos invertidos, de 15% del PIB.
Fuente: Milenio
