Más de 1 billón de pesos se destinará a temas relacionados con el pago de pensiones.
Para el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla destinar 2 billones 797,300 millones de pesos al rubro de desarrollo social, donde se concentran los programas y apoyos sociales relacionados a la provisión de servicios en materia de protección social, educación, salud y vivienda.
Este gasto representa 10.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento de apenas 0.3 puntos porcentuales, respecto de lo que se aprobó para el 2019. Absorberá 63.6% de todo el gasto programable y 46.2% del gasto neto total del 2020, de acuerdo con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, dicho gasto tendrá un crecimiento de 2.8%, en términos reales y respecto a lo que se aprobó en el presupuesto del 2019.
Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, comentó que, a pesar de que parece un elevado gasto social no es tan grande si se compara con otros países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o incluso dentro de la región de Latinoamérica.
Las estimaciones del gasto social respecto del PIB son variables, debido a que, tanto el gobierno, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal) utilizan diferentes metodologías. Además, las estimaciones del gobierno mexicano se hacen con una visión de crecimiento para el 2020; mientras que la OCDE ocupa el PIB que estimaba para el cierre del 2018 y la Cepal para el cierre del 2016.
Un estudio de la OCDE en el 2018 indica que, entre sus 36 integrantes, México es el país que menos recursos destina a su gasto social como porcentaje del PIB con apenas 7.5%; mientras que Francia se ubicó como el país que más gasto social destina como porcentaje de su PIB con 31.2 por ciento.
En tanto, otro estudio de la Cepal muestra que en el 2016, el gasto social en los 17 países latinoamericanos alcanzó, en promedio, 11.2% del PIB. Brasil, Argentina, Chile y Uruguay destinaron al gasto social entre 14.3 y 16.1% del PIB; mientras que Costa Rica destinó 12.3% y Nicaragua 10.6 por ciento. El resto no llegó a 10% del PIB.
Gasto no se traduce en mejorar calidad de vida
De la Torre mencionó que si bien el gasto en desarrollo social representa una parte significativa del gasto total, el problema es que no termina reflejándose en reducir de manera sustancial los niveles de pobreza y de desigualdad que hay en el país.
“La mayoría de la población no tiene una buena calidad de servicios en salud, ni tampoco el servicio educativo ofrece los mínimos estándares de calidad”, destacó.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares más resiente del Inegi, la población con menores recursos monetarios destina un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos (los primeros seis deciles destinan entre 39.3 y 50.6 por ciento,); además cuentan con la mayor cantidad de carencias y son los más vulnerables.
Los Criterios Generales de Política Económica 2020 indican que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, si bien entre el 2008 y el 2018 el porcentaje de la población en condición de pobreza disminuyó de 44.4 a 41.9%, el nivel de pobreza aumentó en términos absolutos en 2.9 millones de personas.
El especialista del CEEY indicó que en el caso de educación se requiere un gasto más efectivo en las zonas con mayor rezago y que se garantice cierta calidad educativa, “el problema no es el monto del gasto, sino la calidad de la organización de los servicios educativos”.
A su parecer, la reciente reforma educativa no va en la dirección de mejorar la calidad, pues en las leyes secundarias se eliminó un componente clave que es la evaluación a los maestros.
Con respecto al tema de salud, dijo que el principal problema es la fragmentación que se tiene en las instituciones.
“A diferencia del gasto educativo, en salud ha mostrado tener resultados en términos de que, un aumento en salud sí mejora las condiciones de la población, pero aun así ese gasto es ineficiente”, agregó.
Ha sido un gasto inercial: CIEP
Para Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, el gasto en desarrollo social es muy inercial, pues carece de una planeación eficiente y de objetivos estructurales sobre cómo se debería mejorar la situación del país en materia de seguridad social, educación, salud y vivienda.
“Creo que la planeación brilla por su ausencia y falta el desarrollo de métricas de largo plazo, sólo algunos programas lo tienen, entonces ahí hay una tarea pendiente muy importante (…) falta mucho diseño a las políticas públicas de desarrollo social”, concluyó.
Recordó que del gasto en desarrollo social, una parte significativa se destina a temas relacionados con el pago de pensiones, con un total de 1 billón 103,758 millones de pesos para el próximo año, monto que supera la recaudación que se espera obtener para el 2020 en el IVA por 1 billón 7,546 millones de pesos.
Fuente: El Economista
