Brayan Cruz Cruz[1]
El 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), mediante la cual, se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Con la Ley General, se creó el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), conformado por los Organismos garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), teniendo como principal función, coordinar la política en materia de transparencia pública gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales.
De acuerdo con el INEGI, desde 2015, el Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno, conformado por representantes de las principales instituciones y organizaciones de la administración pública en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de los organismos garantes del derecho de acceso a la información, comenzó a instrumentar las primeras actividades con miras a un censo, teniendo como resultado en 2016, el primer Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Federal y Estatal, mismo que se ha venido publicando en 2017, 2019, 2020 y 2021[2], y que tiene como objeto, generar información estadística de la gestión y el desempeño de los sujetos obligados, con el fin de que dicha información, se vincule con el quehacer y función gubernamental dentro del proceso de cumplimiento, monitoreo y evaluación de las obligaciones en la materia.
Con base en el último Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales realizado en 2021[3], el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) y los Organismos Garantes recibieron 31,354 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales, de las cuales el 93.2% se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 5.4% por medio de correo electrónico, el 1.1% por vía telefónica y el 0.3% mediante el servicio postal mexicano.
Por otro lado, en materia de presupuesto, los Estados que menor presupuesto ejercieron en dicha materia fueron: Baja California Sur, Chiapas, Colima, Baja California y Nayarit; asimismo, los Estados que mayor presupuesto ejercieron en dicha materia fueron: Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Es importarte destacar que, del presupuesto ejercido por los sujetos obligados durante 2020, en relación con el presupuesto ejercido en el año anterior (2019), se reflejó una disminución de 0.4%.
Las Entidades con mayor cantidad de denuncias por incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia fueron: Jalisco (15), Coahuila (9), Ciudad de México (9), San Luis Potosí (9) y Veracruz (8). Durante 2020, el INAI y los Institutos de Transparencia de los Estados impusieron 186 sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, con un monto total de 833, 678 pesos. Ahora bien, los Estados que iniciaron alguna investigación en contra de servidores públicos por la omisión y presunta responsabilidad de faltas administrativas en materia de transparencia fueron: Coahuila (30), Jalisco (13), San Luis Potosí (9), Ciudad de México (9) y Sinaloa (5).
Dentro de las obligaciones de transparencia que establece la Ley General, se encuentra la de publicar la información actualizada a través de portales de internet, con el fin de ponerla a disposición de los particulares, y que la misma sea oportuna, accesible y verificable. A pesar de ello, de acuerdo con datos del Censo, entre los principales tipos de información pública que concentraron la menor publicación se destaca: información relativa a la deuda pública, resoluciones y laudos, así como las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Asimismo, las Entidades con mayor opacidad en respuesta a solicitudes de información recibidas fueron: Chiapas, Sonora, Baja California Sur, Durango y Campeche.
A pesar de que el Censo Nacional de Transparencia constituye una fuente de información estadística relevante para el estudio de la gestión y evaluación de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública y que, a través de estos mecanismos de rendición de cuentas, se pretende evitar que una autoridad lleve a cabo actos de corrupción, o que ésta disminuya, la realidad en nuestro país indica todo lo contrario, ya que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021[1], presentado por Transparencia Internacional, México es el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además, ocupa la posición 124 de 180 países evaluados en el ranking, por lo que, se debe continuar con los esfuerzos para que el derecho humano a la transparencia y acceso a la información continúe siendo garantizado.
[1] Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de México y abogado en Grupo López Elías.
[2] De acuerdo con información del INEGI, el censo no se realizó en 2018 debido a que se trazó el objetivo de analizar los datos recabados en los programas anteriores y, a partir de ello, rediseñar el instrumento de captación.
[3] Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Presentación de resultados generales.
[4] Índice de Percepción de la Corrupción (2021), Transparencia Internacional, https://www.tm.org.mx/ipc2021/
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Grupo López-Elías.