Un estimado preliminar del INEGI sobre la economía informal en 2016, arrojó cifras interesantes: el 22.6 por ciento del PIB, provenía de la actividad informal con una tendencia que continua en ascenso. Pero ¿qué es y por qué es importante en el sector financiero del país?
La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal -sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social- sumó 30 millones de personas hasta mayo de 2018.
Debido al crecimiento demográfico y al mercado laboral formal que se creó durante el sexenio que está por terminar, la generación de 3.5 millones de empleos para este periodo, a pesar de ser un récord, aún se encuentra lejos de los 6.4 millones que deberían ser creados para dar cabida a todos los mexicanos en condiciones de laborar.
Es un alto el porcentaje de mexicanos los que están insertos en una economía informal, lo que se traduce, además, de inseguridad social para hacer frente a sus problemas de salud en el sector público, en impuestos que no serán recaudados por el gobierno para ofrecer mejoras sociales; en tanto que, al no tener recaudación, éste no hace frente adecuadamente a las diversas problemáticas sociales y se genera un círculo vicioso que repercute de forma negativa en todas las finanzas.
Delimitar las actividades informales es un reto importante de llevar a cabo cuando el 60 por ciento de la población mexicana total toma parte en ellas. Y, cuando colocamos en la balanza diversas circunstancias entre sí, la complejidad que adquiere el fenómeno cobra mayor relevancia.
Por ejemplo, no es lo mismo que un artesano de Oaxaca generé sus propios productos y así consiga los recursos necesarios para subsistir, a una persona que deliberadamente compra mercancía extranjera para revender en un tianguis a fin de generar más ingresos; es decir: la valoración del problema tiene capas y matices diversos.
Martín Pérez, académico de la Universidad de Chile, señala que “la política pública en México, en relación a la economía informal, se ha propuesto con el fin de eliminar el fenómeno social a partir de la regulación de las actividades informales con un marco regulatorio que promueva la formalidad”. No obstante, la instrumentación de estas actividades debe ser atendida, en el entendimiento de todos los factores de los actores sociales que toman parte en la informalidad.
Este tipo de empleo puede ser un área de oportunidad para la política pública al acotarla, identificar sus actores, procesos y particularidades para generar una nueva gestión fiscal que le permita tener mecanismos que, más allá de eliminarla, le permitan al gobierno aprovechar su existencia.
