El nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Estados Unidos, al cual se espera que se sume Canadá, incluye disciplinas que obligarían a robustecer el combate a la corrupción en México, una de las principales promesas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En el capítulo de anticorrupción, ya cerrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, Estados Unidos y Canadá establecieron disposiciones seguras que comprometan a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental.
El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas; regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos, peculado, entre otros.
Canadá y Estados Unidos, quienes cuentan con leyes más estrictas en la materia, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.
Los países convinieron medidas para desalentar la corrupción, con sanciones adecuadas y herramientas de aplicación en caso de enjuiciamiento de personas sospechosas de participar en actividades ilícitas.
Estados Unidos ha sido insistente en incluir compromisos para combatir la corrupción en el comercio internacional en sus TLC al incorporar capítulos sobre transparencia y anticorrupción en dichos acuerdos.
Aunque ha sido parte de la política de Estados Unidos durante muchos años, el uso de este tipo de disposiciones ha evolucionado con el tiempo y los compromisos anticorrupción se vuelven progresivamente más fuertes.
Práctica común: expertos
Las cláusulas y capítulos en materia anticorrupción en tratados comerciales en el mundo son cada vez más comunes, ya que propician la estandarización de reglas en los bloques económicos y, en el caso mexicano, pueden ayudar a incrementar el desarrollo y a detener la sangría de hasta 10 puntos porcentuales del PIB en que se tasa el costo de la corrupción, aseguran especialistas.
Eduardo Bohórquez, director del capítulo mexicano de la organización Transparencia Internacional, destacó que regularmente se habla de corrupción en términos políticos; sin embargo, a nivel global el tema está profundamente ligado al desempeño económico de un país y con el mismo comercio internacional.
“El caso Odebrecht es uno de los casos significativos, porque tienes una empresa global que dio sobornos para desarrollar proyectos de infraestructura”, indicó Bohórquez.
El TLCAN actual no incluye un capítulo relacionado con la transparencia o la lucha anticorrupción, pero contiene varias disposiciones que se consideraron pioneras en ese momento, incluidas las reglas y disciplinas vinculantes y la eliminación de las barreras a la inversión extranjera.
Meta explícita
Esta vez, sin embargo, tanto Estados Unidos como México incluyeron disposiciones anticorrupción en sus objetivos de negociación para la modernización del TLCAN. Como parte de las disposiciones del nuevo texto, se exige a las empresas que mantengan libros y registros precisos, lo que facilita la detección y localización de pagos corruptos.
Otra de los requerimientos exhorta al establecimiento de códigos de conducta para alentar estándares éticos entre los funcionarios públicos. El conjunto de objetivos de negociación de México incluye disposiciones tales como trabajar hacia un comercio “inclusivo y responsable”, mediante la incorporación de mecanismos de cooperación en la lucha contra la corrupción.
Eduardo Bohórquez agregó que en la renegociación del TLCAN, México ha sido el país más interesado en impulsar una cláusula anticorrupción, debido a la actualización de su marco jurídico en el tema que se tuvo con la implementación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Tenía una ventaja comparativa el país en tanto que había actualizado su marco legal y normativo recientemente; entonces, México aprovechó está ventaja para plantear temas sobre todo de apertura gubernamental, de datos abiertos y de transparencia”, aseveró.
Bohórquez agregó que la cláusula anticorrupción integrada en el TLCAN tiene el objetivo de armonizar la manera en la que se persigue un delito en materia de cohecho en Canadá, México y Estados Unidos.
“Donde nosotros tenemos una ventaja es en el tema de acceso a la información pública, la legislación mexicana es mucho más avanzada que la canadiense y la estadounidense. además, (la legislación mexicana) regula mucho mejor la participación del sector privado, lo convierte en sujeto obligado en particular cuando hace negocios con el gobierno”, expuso.
No obstante, en materia de investigación y sanciones, los otros dos países del tratado, indicó el experto, se encuentran más avanzados que México. “No es una casualidad que el caso Odebrecht primero haya sido litigado y sancionado en Estados Unidos y después en la Corte de Brasil”.
Costo: 10% del PIB
Ignacio Martínez, analista de comercio internacional en la UNAM, indicó que México pierde el equivalente a 10% del PIB por la corrupción y 3% por opacidad y falta de competencia.
Mientras que, a nivel empresarial, expresó el también coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la máxima casa de estudios del país, las organizaciones pierden hasta 37% de su capacidad de producción.
“Canadá y Estados Unidos tienen fuertes leyes que sancionan, de manera particular Estados Unidos, de manera extraterritorial a esas empresas que cometen actos indebidos, por lo que esa cláusula va a obligar, yo lo pondría de esa manera, al Estado mexicano a que impere un verdadero Estado de derecho, que combata de manera frontal los actos de corrupción”, concluyó.
Pacto México-EU
Endurecen acciones contra piratería
Estados Unidos y México acordaron endurecer las acciones contra la piratería y el robo de secretos comerciales en el acuerdo en principio sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ambos países llegaron a un consenso sobre el capítulo de propiedad intelectual (IP), modernizado y de “alto nivel”, que brinda protección y cumplimiento “sólidos y efectivos” de los derechos esenciales en la materia.
Por primera vez, un acuerdo comercial de Estados Unidos requerirá que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley detengan los productos sospechosos de ser pirateados o falsificados en todas las áreas de entrada y salida.
Las autoridades deberán además aplicar acciones contra las falsificaciones y la piratería que ocurre a escala comercial y deberán operar procedimientos penales significativos y sanciones por la grabación de películas.
También deberán aplicar sanciones civiles y penales por robo de señales satelitales y por cable así como dar amplia protección contra el robo de secretos comerciales, incluso contra empresas estatales.
Para proteger a los titulares de derechos -incluidas las empresas estatales- del robo de secretos comerciales, el acuerdo obliga a contar con recursos civiles y penales, prohibición de licencias de secretos comerciales, protecciones de secretos comerciales durante el proceso de litigio y sanciones para los funcionarios del gobierno que divulguen secretos comerciales de manera ilícita.
De acuerdo con la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), los obstáculos al comercio de bienes y servicios intensivos en propiedad intelectual en Estados Unidos incluyen la amplia disponibilidad de productos pirateados y falsificados en México, a través de los mercados físicos y virtuales.
Fuente: El Economista
