Este martes, el Doctor Pedro López Elías, Director General de López Elías Asociados, participó en una Mesa de Análisis en el espacio de El Financiero Bloomberg, donde también se hicieron presentes Arturo Sánchez, exconsejero del INE, así como el consultor político, César Faz, quienes dialogaron sobre los Delegados Estatales y el Federalismo.
Blanca Becerril, presentadora del espacio, puso a debate el manejo de los recursos públicos y de los programas sociales en los diversos estados de la República, y las implicaciones que este tema podría tener para el Federalismo; por lo que el también especialista en Finanzas Públicas, señaló que dichos factores sí podrían traer consecuencias, sin embargo, es necesario verlo desde un ángulo positivo.
“Con las políticas públicas se podrían llegar a muchos beneficiarios sociales, pero también es cierto que las Delegaciones Federales tenían un número importante de servidores públicos y, a la par, también se está privilegiando el recorte del gasto para buscar que éste pueda ser mucho menor en las Delegaciones Federales. Si bien, no es una cantidad importante, sí puede ser representativo atender no sólo a criterios de índole político, sino también de índoles administrativos y de Finanzas Públicas”, destacó durante su intervención.
Sobre la instauración de los 32 delegados en el país, expuso que este hecho tiene un efecto político, pero también administrativo, ya que los mecanismos de control de los programas sociales y de las acciones del Gobierno Federal, en cada una de las regiones, se debe realizar con supervisión adecuada.
Subrayó que, en algunas ocasiones, estos actores políticos abusaron del poder, debido a que no existía un control definido; por ejemplo, en las obras públicas, se permitía que los constructores fueran flexibles en la construcción de la obra, por lo que este cambio delegacional puede llegar a ser positivo.
Asimismo, comentó que, si se llegaran a excluir de este ejercicio a la CDMX, Estado de México y a Chihuahua, estados generadores de riqueza de manera importante, el resto de las regiones tendrían un ingreso propio de tan sólo 8 por ciento, por lo que el 92 por ciento serían recursos federales.
“Por ello, cuando hablo de una supervisión del gasto, se trata justamente de los recursos federales que se transmiten para ser ejercidos por los propios estados. Sin duda, hay una dependencia muy fuerte de dichos bienes por parte de los estados en relación con la federación, esto puede ser un mecanismo de control político también. Si un gobernador lo ejerce de manera positiva, no debería existir preocupación alguna en el manejo de los recursos”, apuntó.
Planteó que los congresos locales no sólo tienen facultades de índole financiero o hacendario, sino que cuentan con una serie de facultades que tienen que ver con temas legislativos, administrativos y de ingresos locales, por lo que, con el esquema del gasto y de una nueva política pública, no necesariamente se está rompiendo con el Federalismo.
Manifestó que también debe existir eficiencia en el gasto, ya que, por ejemplo, México es uno de los países que más invierte de manera proporcional en materia de educación, en comparación con los países de la OCDE; pero, en cambio, este mismo organismo que aplica la prueba PISA a los estudiantes mexicanos de 15 años, señala que nuestro país se encuentra en último lugar en dicho tópico.
“Lo que ocurre ahí es que el gasto en educación no está siendo eficiente. Debemos hacer un cambio de política pública en materia de educación para que tengamos mejores estudiantes. Esto también se puede reflejar en una serie de conceptos, en donde los delegados supervisan el gasto eficiente. Esto lo sabremos en unos años, si es que se convierten en actores políticos exclusivos, o si el gasto está llegando verdaderamente al fin que se propuso.”
Expuso que los miembros en de las delegaciones federales no excede a más de cinco mil personas en números redondos, mismos que equivalen a aproximadamente 2 mil millones de pesos, cifra que podría parecer grande; sin embargo, “el número que tiene registrado el INEGI de servidores públicos federales es de alrededor de un millón 600 mil. Y la última cuenta pública federal refleja que el costo de servicios personales de los servidores públicos de toda la federación, es de más de 1 billón 124 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de pesos, suponiendo que no existieran las delegaciones, es una cantidad muy pequeña.”, concluyó.
