Si la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decide subir la tasa de interés 25 puntos base y ubicarla en 8%, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará un mayor costo financiero de la deuda y un financiamiento más caro para completar el gasto público, indicaron expertos.
“Algunos bonos están contratados a tasa fija y en ésos no se tendría un impacto, pero sí afectaría en los bonos de tasa variable y que están contratados en deuda exterior porque también les afecta la volatilidad en tipo de cambio”, expuso Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con información del Plan Anual de Financiamiento 2018, de la deuda interna, el saldo de los instrumentos a largo plazo y tasa fija representa 81% del total de valores gubernamentales, que a su vez se conforma con 46% en bonos, 24% Udibonos, 12% Cetes, 8% Bondes D y 10% otros.
Considerando que el saldo de la deuda del gobierno federal al cierre de septiembre del 2018 es de 6.9 billones de pesos, y mediante un ejercicio de sensibilidad de tasas hecho por El Economista, se estima que, por cada 25 puntos base que aumenta la tasa de referencia, se genera una carga financiera anual por pago de intereses por 17,341 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que 100% de la deuda externa de mercado se encuentra a tasa fija. Por ello, asegura que “la volatilidad en las tasas de interés no afecta de manera importante al costo financiero de la deuda”.
Mauricio González, director general de GEA, comentó que si Banxico decide subir la tasa de interés, si bien no impactará en toda la deuda que se ha emitido, sí tendrá un efecto paulatino por los vencimientos y renovaciones que se vayan dando.
“Una persona que pidió un préstamo para pagar su casa y se le vence el jueves, si no tiene para pagar el préstamo original, lo que va a hacer es contratar nueva deuda para pagar lo que se vence el jueves. Eso se llama renovación, y el asunto es que la tasa que se le cobre será mayor, lo mismo sucede con el gobierno”.
Recordó que actualmente la deuda externa es por 200,000 millones de dólares, de los cuales, en el sexenio de López Obrador, van a vencer 75,000 millones de dólares, y como no tendrá para pagarlos, los tendrá que renovar.
“El siguiente gobierno podría emitir deuda en moneda nacional para poder comprar dólares y pagar los bonos que se van venciendo o podrá emitir nueva deuda en dólares si es que alguien le quiere prestar al gobierno mexicano”.
Costo financiero será mayor al programado
En los Precriterios Generales de Política Económica 2019, la Secretaría de Hacienda destacó que, para el cierre del 2018, el costo financiero de la deuda será mayor a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pues se destinarán 654,284.2 millones de pesos, monto que representa 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para el 2019, estiman que por este rubro, que registra el pago de comisiones, intereses y amortizaciones de la deuda, se destinen 713,842.9 millones de pesos, lo que significaría el pago más alto que se haya hecho desde 1990, año hasta donde se tiene registro.
“El costo financiero es el tercer gasto más importante del gobierno, ello se debe a que se hizo un mal manejo de la deuda porque creció en más de 10 puntos porcentuales del PIB.
Hoy rebasa los 10 billones de pesos”, expuso Guadarrama.
Reconoció que al menos en el 2017 el gobierno federal detuvo el crecimiento de la deuda pública y logró registrar un superávit primario, el cual no se había dado desde el 2008.
Para el director de GEA, el siguiente gobierno debe enfrentar esta presión en las finanzas públicas con mucha responsabilidad, pues los ingresos públicos no crecieron en la misma proporción en la que subió el costo financiero de la deuda.
“Es un gasto que no se puede dejar de pagar. El siguiente go-bierno debe evitar acciones indebidas que orillen al Banxico a subir las tasas de interés”.
Ambos expertos refirieron que, ante la posible alza en las tasas de interés, el financiamiento para completar el gasto público podría resultar más caro de lo que esperaba el siguiente gobierno.
“Se encarece el crédito y se establecen condiciones de contratación menos favorables para el sector público”, concluyó el experto del Imco.
Fuente: El Economista
