En la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público controlará el gasto del presupuesto que realicen las instancias de gobierno federal y también se encargará de todas las compras y adquisiciones, lo que no ocurría en administraciones anteriores.
Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desapareció la figura de Oficial Mayor de las Secretarías de Estado y en su lugar funcionarán las Unidades de Administración y Finanzas, —a cargo de Hacienda— que distribuirán los recursos en cada dependencia.
Pero hay tres excepciones: la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina y Hacienda, que conservarán el puesto de Oficial Mayor.
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Los cambios administrativos impactará en tres ámbitos, el primero: las dependencias ya no realizarán sus propias compras, como ocurría a través de la Oficialía Mayor. Ahora lo hará directamente la Secretaría de Hacienda, en una intención de evitar burocracia y, sobre todo, corrupción, según argumentó el nuevo gobierno federal.
Sin embargo, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y maestro de la Escuela de Gobierno del Tec, asegura que la centralización no evita la corrupción per se, porque se está fincando la confianza y responsabilidad en las personas que estén al frente de esta área en Hacienda.
Esto, dice María de Jesús Alejandro Quiroz, profesora titular en Derecho administrativo de la UNAM, significa “un foco amarillo que podía convertirse en foco rojo” respecto al riesgo de corrupción. Evitar malos manejos dependerá de quién será el encargado de las compras, bajo qué mecanismos, con qué indicadores y lineamientos de compras que aún no se conocen.
Segundo punto: la eficiencia también estará en duda porque las necesidades de compras son muy distintas entre las dependencias y entidades de la administración pública. Si bien todo estará controlado desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, el nivel de especialización para realizar estas compras que requiere la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es igual a la de Agricultura o en entes como el IMSS o Pemex, por ejemplo.
Darle tantas atribuciones a Hacienda hace un símil con las “secretarías centralizadoras” de las décadas de 1970 y 1980 de las administraciones priistas que desaparecieron después de casos confirmados de nepotismo durante la gestión de José López Portillo; por lo que su sucesor, Miguel de la Madrid, hizo reformas para crear las Oficialías Mayores con la intención de fortalecer la administración pública, explica Alejandro Quiroz.
De acuerdo con la ley, Hacienda fungirá como “área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine”; también podrá “ejercer el control presupuestario de las contrataciones públicas consolidadas”, e incluso las decidirá sobre las “negociaciones comerciales internacionales relacionadas con las compras y coordinar las compras estratégicas”.
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Lo anterior le restará poder de decisión a los titulares de las dependencias, pues hasta la administración pasada, eran ellos quienes asignaban a su Oficial Mayor. A partir de este año, los encargados de las Unidades de Administración y Finanzas serán nombrados y removidos desde la Secretaría de Hacienda, que también establecerá el “modelo organizacional y de operación”.
El tercer punto de impacto es que las Unidades de Administración y Finanzas tienen menor jerarquía administrativamente que una Oficialía Mayor, que estaba a nivel de subsecretaría de Estado.
Esto repercutirá en el resto de cargos de esa área, lo que a su vez afectará el Servicio Profesional de Carrera de la administración pública, es decir, el método meritocrático mediante el cual los funcionarios públicos se certifican, obtienen mayores capacidades y, por ende, mejor salario.
La profesora de la UNAM, María de Jesús Alejandro, asegura que si bien es necesario tener una gestión pública eficiente, para decidir adelgazar la estructura “primero hay que demostrar que sobra lo que se quiere quitar”, por ello, propone, el gobierno federal debería apoyarse en un comité de expertos para este tipo de decisiones.
Fuente: Animal Político
