Este 1 de diciembre de 2018, desde la tribuna del Palacio Legislativo, durante la ceremonia de investidura en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en múltiples ocasiones durante su discurso, lo que ha sido una de sus principales promesas de campaña: el combate a la corrupción, señalando que las privatizaciones han sido en gran parte generadoras de la corrupción, y que su objetivo será convertir a México en una nación modelo de combate efectivo a este fenómeno , para lo cual enfatizó varios de los lineamientos que ha mencionado previamente para atacar la corrupción en México, los cuales se enfocan principalmente al actuar de los servidores públicos, sin abarcar al sector privado.
Tan solo unos días antes de su Toma de Protesta, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá suscribieron en Argentina, durante la cumbre del G-20, el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido en México como el T-MEC o, el USMCA). El T-MEC contiene lenguaje que requiere a los tres países promover la participación activa del sector privado en el combate a la corrupción, y a crear conciencia en general sobre la existencia y la amenaza de corrupción. Más aún, el T-MEC menciona ejemplos de iniciativas aceptables de participación por parte del sector privado, como la inclusión de declaraciones en sus reportes anuales respecto de sus esfuerzos para detectar y controlar el soborno y la corrupción, el establecimiento e implementación de programas de cumplimiento, así como la adopción de controles de auditoría interna o de certificación, que contribuyan a prevenir y detectar prácticas corruptas.
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Me entusiasma como mexicana observar el rol protagónico que se está dando al combate a la corrupción, resultado del hartazgo que la sociedad experimenta en la actualidad, pero ¿podrá nuestro presidente combatir esta problemática con las acciones preliminares que estarán aplicando a los servidores públicos bajo su gobierno?
Antes de responder, pongamos en contexto las dimensiones del problema. En 2017, México ocupó la posición 135 de 180 países evaluados, en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, con una posición relativa al 75% de la tabla, a partir del primer lugar. Este índice mide aspectos como el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, la transparencia, niveles de integridad en el servicio público y el acceso igualitario a la justicia.
En mi opinión, sería ingenuo pensar que el presidente podrá por sí solo atacar la corrupción en México, cuando se entiende y concientiza las proporciones que el problema ha venido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas.
No perdamos de vista que la corrupción es un juego que requiere inexorablemente de dos jugadores. No es posible concebir la corrupción como un fenómeno que atañe únicamente a los servidores públicos. La corrupción en México es un fenómeno social y, en consecuencia, es fundamental que la sociedad y particularmente el sector empresarial, se sume y asuma un rol protagónico en su combate.
El T-MEC reconoce la importancia del sector privado en esta ecuación, enfocándose en resaltar la interacción y cooperación que debe existir entre los sectores público y privado en el combate a la corrupción en el ámbito de negocios de estos tres países. Esta novedosa y bienvenida inclusión en el T-MEC brinda al gobierno mexicano una oportunidad histórica para promover la participación activa del sector privado en el combate a la corrupción, creando consciencia de los riesgos y perjuicios de la corrupción en la conducción de negocios.
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Hasta ahora, se ha observado un enfoque loable por parte del Gobierno Federal entrante por promover la integridad, honestidad y responsabilidad de los servidores públicos. Resultará importante para lograr resultados palpables que estos esfuerzos no se queden a nivel de retórica motivacional y sean verdaderamente exigibles, so pena de imponerse las sanciones correspondientes; pero será igualmente determinante que estos esfuerzos se complementen con una equiparable promoción y sobretodo, exigencia al sector privado de adoptar medidas que contribuyan a la prevención y detección de prácticas corruptas en su operación.
Se reconoce que la corrupción en el sector privado impacta el nivel de confianza en las instituciones del sector público y priva a los ciudadanos del capital requerido para alcanzar crecimiento económico. Faltará ver si el gobierno acciona medidas orientadas a demandar una mayor participación del sector privado en atacar el fenómeno de la corrupción en México, bien sea a través de los mecanismos disponibles en el T-MEC y/o cualesquiera otros.
Fuente: Forbes México
