En México prevalece el desconocimiento en torno al derecho de acceso a la información entre la población mexicana, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a pesar de las más de 234,000 solicitudes de información presentadas entre el 1 de enero y 15 de diciembre del 2018.

El instituto anunció este martes la aprobación de un Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información que implementará a partir del 2019 y prevé la formación y despliegue de “personas facilitadoras” del derecho de acceso a la información.

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El INAI refiere que, de acuerdo con estudios, sólo 5.6% de los mexicanos ha realizado alguna solicitud de información; 14.1% ha visitado algún portal web del gobierno, mientras que 50.6% conoce alguna ley o institución ligada al derecho de acceso a la información.

Rumbo al cierre del año, el órgano autónomo expuso esta semana que los sectores académico y empresarial son los más activos en el tema, pues este año representaron 22.8% del total de solicitudes, con 33,016 y 20,519, respectivamente.

A éstos le siguen el sector gobierno, con 9,665 solicitudes, medios de comunicación (8,034), amas de casa (3,566), asociaciones civiles (2,261), organizaciones no gubernamentales (1,080), sindicatos (512) y partidos políticos (53). Asimismo, otros sectores hicieron 14,820 solicitudes, en tanto 141,820 no indicaron su ocupación.

Los datos reflejan también que la mayor cantidad de solicitudes son presentadas por niveles más altos de escolaridad, ya que 50,169 fueron de personas con licenciatura; 24,991 con posgrado; 7,323 con bachillerato; 4,284 con nivel técnico; 3,436 con secundaria; 1,390 con primaria terminada; 874 con primaria incompleta; 1,327 sin instrucción formal; 838 indicaron otro nivel académico, y 139,969 no lo especificaron.

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Sin embargo, el INAI recalcó la necesidad de ampliar y diversificar la base de usuarios y de un mayor aprovechamiento estratégico de la información pública por parte de los solicitantes, con el objetivo de que “permita incidir en su entorno y en su vida cotidiana”, principalmente en beneficio de grupos vulnerables.

A decir del organismo, de las 234,601 solicitudes a sujetos obligados al 15 de diciembre pasado, 196,223 correspondieron a acceso a la información y 38,378 relacionados con datos personales.

Fuente: El Economista 

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