Por: Mario Alberto García Meza
El Registro Público Único (RPU) que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como finalidad que haya mayor transparencia en la contratación de deuda por parte de los estados y municipios, así como permitir mayores incentivos a la fiscalización y al cumplimiento de la ley. Pero, ¿De qué tamaño es la deuda de los Estados?
La siguiente gráfica muestra la suma de los contratos de deuda por parte de los estados y sus municipios, así como las contrataciones por otros organismos descentralizados dentro del Estado. Esta gráfica únicamente muestra la frecuencia de los contratos, donde destaca Veracruz, con el mayor número de contratos de deuda.
El gráfico distingue las contrataciones por el tipo de obligación. Naturalmente, los créditos simples ocupan el mayor número de contrataciones en todo el país. La siguiente gráfica se enfoca en los montos de contratación, en miles de millones de pesos.
Es notable que el estado de Coahuila, que muestra un monto mayor de deuda, la tiene concentrada en pocos contratos. Esto no es necesariamente negativo, siempre que las condiciones de los contratos sean favorables para el estado y no estén expuestos a riesgos cambiarios o de tasa de interés. Esto se puede lograr a través del uso de instrumentos derivados.
Sin embargo, los montos de la deuda por si mismos pueden no resultar muy informativos respecto a cómo esta podría afectar a la economía local. Por ejemplo, la Ciudad de México es, naturalmente, la entidad con mayor nivel de deuda en el país (109 mil millones de pesos). Esto resulta natural si consideramos que es también la economía más grande y más dinámica de la federación. Por otro lado, Zacatecas parece tener un nivel de deuda relativamente bajo, pero, dado que la economía de Zacatecas es muy pequeña en comparación con la de Ciudad de México (9 mil millones de pesos), esta imagen no resulta muy informativa.
Una mejor comparación se realiza al considerar el Producto Interno Bruto a nivel Estatal (PIBE). Es importante tomar en consideración que el dato que el INEGI emite para el PIBE se realiza a partir de una estimación que parte del PIB a nivel nacional en la que se toma en consideración modelos de equilibrio general para regionalizar los datos según las industrias presentes en las economías locales.
Esta comparación permite observar a aquellos estados que tienen mayores niveles de deuda en comparación con su PIBE. Por ejemplo, Zacatecas, antes mencionado, tiene un nivel muy superior al nivel promedio de los estados. Oaxaca es otro caso que tampoco parecía ser muy relevante al comparar únicamente montos de deuda y cuyo nivel en comparación con el producto estatal es superior al promedio.
La siguiente imagen resume los montos de deuda de los estados en comparación con su PIBE. En color verde se presentan aquellos estados cuyo nivel comparativo de deuda es mayor al promedio y en color rojo aquellos cuyo nivel es inferior.
Es notable resaltar que un nivel demasiado bajo de deuda tampoco se debe interpretar inmediatamente como algo positivo. La deuda pública permite la inversión pública, lo cual puede traer beneficios a los estados aún mayores que los que ésta cuesta. Más aún, el costo de la deuda para un estado o un municipio es habitualmente menor al que podría obtener algún particular y el uso de esos recursos puede tener un mayor efecto multiplicador que el consumo de los particulares.
Imagine, por ejemplo, que un estado decide hacer un conjunto habitacional para un grupo social específico. El beneficio social colectivo sería el mismo si la erogación la hace el estado o lo hacen cada una de las personas por su cuenta. La única diferencia es que el estado lo podría hacer a menor costo de construcción y menores costos financieros[1].
En próximas ediciones hablaremos más de los
efectos económicos que la deuda pública y los aspectos que toman parte de ella.
[1] El profesor Dennis Culhane, de la Universidad de Pennsylvania ha hecho las estimaciones, por ejemplo, de que sería mucho menos costoso socialmente que el estado construya la casa habitación para algunos grupos sociales a las alternativas, incluyendo dejar a personas sin hogar.
Véase: Metraux, S., & Culhane, D. P. (2004). Homeless shelter use and reincarceration following prison release. Criminology & Public Policy, 3(2), 139-160.
