Miguel Sánchez Medina[1]
Durante el último trimestre de 2021, el tema central de debate en torno a la política económica ha migrado de centrarse en la recuperación hacia un fenómeno que hace varias décadas no representaba una amenaza para las economías avanzadas y donde algunas economías emergentes como México habían logrado cierta estabilidad: la inflación.
Para dar contexto a lo anterior, es importante remitirnos a los datos. Por ejemplo, durante 2021, el nivel de inflación en Estados Unidos pasó de una tasa anual de 1.40% en enero a 6.8% en noviembre, el nivel más alto observado desde 1982. Alemania, la economía más grande de Europa, ha reportado en noviembre, una tasa de 5.2%, su nivel más alto en 29 años. Respecto a México, la tasa anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pasó de 3.5% en enero (nivel cercano al objetivo de Banxico) a 7.4% en noviembre, el mayor nivel en poco más de 20 años.
Ante este fenómeno, vale la pena recordar algunos conceptos básicos de macroeconomía para entender las causas de la inflación. De acuerdo con la teoría económica, la inflación puede ser ocasionada por un exceso de demanda de bienes y servicios en relación con la oferta de éstos y/o por un exceso de liquidez monetaria en la economía. En este sentido, durante 2020 y 2021, se han observado ambos eventos en la mayor parte de los países del mundo, y éstos se encuentran estrechamente ligados a las medidas económicas adoptadas para superar la pandemia.
El exceso de demanda de bienes y servicios (en comparación con la oferta) fue ocasionado, en cierta medida, por los estímulos económicos otorgados a la población para recuperar nivel de consumo durante la pandemia; lo que contrastó con el cierre de la producción de numerosas industrias, así como con las serias afectaciones de las cadenas logísticas de suministro a nivel global. Para explicarlo sencillamente, las personas dejaron de ir a trabajar y continuaron comprando desde sus hogares (gracias a sus ahorros o a las transferencias de los gobiernos), mientras las fábricas permanecían cerradas y las cadenas de transporte se encontraban muy limitadas.
Por otra parte, los bancos centrales de varios países y de la Unión Europea optaron por políticas monetarias expansivas. Es decir, se decidieron por reducir (o mantener bajas) las tasas de interés, con el objetivo de estimular el crédito, el consumo y la inversión, como parte de la estrategia de recuperación económica postpandemia. De nueva cuenta, esto generó un incremento de la demanda de bienes y servicios.
Inicialmente, la mayor parte de los gobiernos y bancos centrales optaron por un discurso relajado en torno a la inflación, catalogando como “transitorias” a las presiones observadas, pensando en que, una vez relajadas las restricciones sanitarias, las empresas volverían a recuperar los niveles de producción previos a la pandemia y se normalizarían los mercados. Sin embargo, esto no fue así, el ritmo de recuperación de la demanda fue claramente superior al de la oferta; y existen diversos incentivos para que esta brecha continúe.
Lo anterior hace sentido, al entender que la dinámica de producción de bienes y servicios es mucho más compleja que la de su adquisición. Por ejemplo, para producir una prenda de ropa o un par de zapatos, se involucra una cadena de suministros que va desde la producción de materias primas, la maquila, el transporte, y la cadena de distribución de estos bienes, lo que frecuentemente involucra a varios países en diferentes continentes. Por otro lado, a veces basta con una transferencia gubernamental en un país desarrollado (como Estados Unidos) para estimular el poder adquisitivo de un consumidor y que haga la compra de estos productos con una tarjeta de crédito (beneficiada por las bajas tasas de interés) desde su hogar.
En este sentido, otro de los factores de los que poco se ha hablado, pero que han influido en el crecimiento de la inflación a nivel global, es el impacto asimétrico de la pandemia en la demanda y en la oferta ocasionado por el comercio electrónico. Existen millones de trabajadores a nivel mundial, principalmente en países desarrollados, que, por temor a infectarse, no han regresado a ocupar sus puestos de trabajo en la industria, o en las cadenas de producción. Sin embargo, gracias al comercio electrónico, estos millones de trabajadores continúan con su mismo patrón de consumo desde sus hogares adquiriendo bienes y servicios a través de internet, sin la necesidad de salir de casa. Lo anterior, claramente se encuentra generando una distorsión económica.
Una reflexión importante del porqué nos encontramos en esta situación, radica en el hecho que las medidas de recuperación económica implementadas por los países y bancos centrales fueron muy similares a aquellas utilizadas para salir de crisis anteriores. Las recetas tradicionales (keynesianas) involucran una serie de estímulos dirigidos a la población con el objetivo de reactivar el consumo, recuperar las ventas de las empresas, y que éstas a su vez logren restituir su producción y así regresar a la economía a la normalidad. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha golpeado a la oferta con mucho mayor severidad por muchas razones (como las descritas anteriormente).
Para 2022, sin duda alguna la inflación será el mayor reto en materia económica. Las personas, las empresas y los gobiernos deberán tomar medidas estratégicas para poder contener los precios, sin descuidar las metas de recuperación económica, sobre todo en aquellos países como México, donde la actividad se encuentra por debajo de los niveles previos la pandemia.
En este sentido, la política económica se debe de ajustar a nuevos objetivos encaminados a lograr un mayor producción y productividad en la economía, buscando un mayor equilibrio entre la oferta y demanda de bienes y servicios. A nivel presupuestal, los gobiernos deberán de estimular los sectores productivos, como por ejemplo, aquellos que permitan incrementar la producción agropecuaria y así, estabilizar los precios de la canasta básica. Lo anterior, cuidando los balances fiscales y el nivel de endeudamiento ante un escenario de un mayor costo de la deuda.
Finalmente, respecto a los gobiernos subnacionales (estados y municipios), éstos deberán impulsar estrategias fiscales prudentes, procurando una correcta consolidación de sus finanzas públicas. Para 2022, el previsible incremento en las tasas de interés se trasladará en un mayor costo del financiamiento, tanto de corto como de largo plazo. En este sentido, los gobiernos locales tendrán que ser más eficaces en la planeación financiera y en la adquisición de instrumentos de deuda, así como de coberturas. Asimismo, en este escenario de altos costos financieros se volverán oportunos los procesos de refinanciamiento y reestructuración de deuda, con el objetivo de generar ahorros; y así, poder destinar recursos a la inversión pública, la cual representa el mejor estímulo para la recuperación económica.
[1] Miguel Sánchez Medina es licenciado en Economía por el ITAM y Analista Económico en López Elías Finanzas Públicas.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Grupo López-Elías
