Por: Haydeé Alexis Miranda Hernández[1]
Actualmente, nos encontramos ante una economía de mercado en la que los individuos y las empresas privadas toman decisiones importantes acerca de la producción y el consumo. Las empresas producen bienes que les generan los máximos beneficios utilizando técnicas de producción y el consumo es determinado por las decisiones de los individuos sobre cómo gastar sus ingresos generados por su trabajo y bienes.
Sin embargo, en la realidad, los mercados no se comportan de forma ideal, ya que no existen mercados competitivos perfectos; existen sectores económicos con monopolios, desempleo, inflación, desigualdad y una mala distribución de salarios. Es en este punto, donde se puede apreciar la importancia del Estado y su intervención para el desarrollo económico, a través de los bienes y servicios, de las leyes y normas, de la educación, del bienestar social y de la infraestructura pública.
Durante el siglo XIX se mantuvo la doctrina del liberalismo económico, que proponía limitar la intervención del Estado; sin embargo, a partir de los años treinta del siglo pasado, las funciones económicas de éste han ido en aumento. A partir de la década de los ochenta, se hizo un replanteamiento de la intervención del Estado en temas como la propiedad, la recaudación de impuestos y el control de la economía.
Ahora bien, las funciones de los gobiernos (federal, estatal y municipal) son diversas, ya que influyen de muchas maneras, entre las que se pueden destacar tres principales: 1) garantizar los servicios públicos básicos; 2) la distribución del ingreso; y 3) el desarrollo social. Para realizar sus funciones e influir directamente en la economía, los gobiernos cuentan con algunos instrumentos como son: a) impuestos; b) gasto público; c) transferencias; y d) la regulación.
Por medio de estos instrumentos, el gobierno puede influir en las decisiones de las empresas y los consumidores, respecto a producir o consumir ciertos bienes y realizar ciertas actividades específicas. De esta forma, la intervención permite, emplear el capital en áreas específicas, por ejemplo, en la creación de empleos y en elevar la producción del sistema global.
Además de la influencia en los mercados, una función importante del Estado es hacer frente a la concentración del ingreso para lograr una distribución más equitativa, ya que los factores de producción y capital se encuentran concentrados en un número reducido de personas.
De acuerdo con lo anterior, se destacan tres funciones primordiales del Estado en su intervención en la economía nacional:
- Garantizar los servicios públicos básicos:
Todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, el agua potable, entre otros. Estos servicios deben ser proporcionados por el Estado, a través de los Municipios como instancias de gobierno que administran el patrimonio, el recurso humano y material, así como los servicios públicos. Dentro de los servicios públicos que proporcionan los gobiernos se encuentran:
- Servicios básicos: agua potable, drenaje y alcantarillado, calles y banquetas, alumbrado público.
- Servicios básicos complementarios: servicio de limpia; mercados y centrales de abasto; educación; panteones; rastros; transporte público; vialidad y ordenamiento territorial, etc.
- Protección a la comunidad: salud; asistencia social; protección ecológica; prevención de desastres; comunicación social.
- Bienestar social: parques y jardines; protección y fomento del patrimonio.
- Fomento de la actividad económica: agropecuarios; industriales y de servicios.
Existen ciertos principios que las autoridades deben tomar en cuenta para prestar los servicios públicos. En primer lugar, debe seguirse el principio de igualdad, el cual implica que los servicios deben proporcionarse a todos los integrantes de la comunidad, sin distinciones. Además, los servicios públicos deben ser proporcionados de manera regular y continua, de tal manera que no haya interrupción en su prestación; también debe responder en cantidad y calidad a las necesidades de los habitantes. Por lo tanto, los servicios públicos deben ser obligatorios, continuos y gratuitos.
- La distribución del ingreso:
La desigualdad en el ingreso influye negativamente en el crecimiento económico; además, reduce la movilidad social, afecta en la educación, reduce las oportunidades de aprendizaje de las personas, incrementa las tasas de delincuencia y la salud se ve mermada, en otros factores.
Uno de los instrumentos más eficaces para lograr la redistribución del ingreso es la política fiscal. Para lograr una mayor equidad y redistribución se implementan sistemas impositivos y se planifica el gasto público con la finalidad de atender las necesidades de los sectores sociales más débiles. Al utilizar la política pública para abordar la desigualdad de ingresos, sobresale la educación, que es clave para determinar las oportunidades de vida de cada persona, por lo que, la política educativa debe atender las necesidades de los jóvenes desde nivel preescolar hasta nivel superior, para garantizar que tengan el mejor comienzo en la vida, así como el apoyo requerido a lo largo de su educación.
Por su parte, es necesario considerar también la función de los impuestos y las transferencias en la redistribución de los ingresos y el patrimonio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contribuyen a reducir la desigualdad de ingresos por dos razones principales: en primer lugar, porque los trabajadores con salarios más altos tienden a pagar impuestos más altos que sus contrapartes con salarios bajos; y, en segundo, porque los trabajadores con salarios más bajos tienden a recibir mayor apoyo del gobierno. Combinados, estos sistemas de impuestos y transferencias ayudan a reducir las brechas de ingresos. Además, es necesario que los gobiernos trabajen en una amplia gama de ámbitos de políticas públicas.
- El desarrollo social:
El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas, en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos como salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salarios, principalmente. También implica la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.
Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización en los programas sociales cuyo enfoque ha sido que su meta principal sea la reducción de la pobreza, particularmente la pobreza extrema.
Conclusiones
La intervención del gobierno en la economía es importante no solo en materia de regulación para compensar las fallas de los mercados, sino también en proporcionar los servicios públicos a los que tiene derecho la población, así como en combatir la desigualdad al promover políticas encaminadas a una mejor distribución del ingreso en los hogares y de esta forma encaminar el bienestar y desarrollo de la sociedad.
El crecimiento económico es importante y necesario pero no es suficiente para lograr el desarrollo social; es por esto que, las políticas en esta materia deben darle un mayor peso a la calidad de este crecimiento, es decir, que sea incluyente, que contribuya a conservar el medio ambiente y, en general, que contribuya al desarrollo social, con políticas públicas cuya meta en cuanto a programas sociales sea la reducción de la pobreza, la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de la población.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Grupo López-Elías.
Bibliografía
- Vargas, G. (2006). Introducción a la Teoría Económica. Capítulo 24 “Estado y Economía”.
- Ochoa, S. (2006). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Desarrollo Social. www.diputados.gob.mx/cesop/
- Keeley, B. (2018). OCDE. Desigualdad de ingresos. La brecha entre ricos y pobres.
- Félix, J. (2003). Teoría económica y Neoinstitucionalismo. Revista de Economía Institucional, vol. 5, N° 9, segundo trimestre.
[1] Analista Económico de Grupo López Elías y Candidata a la Maestría en Finanzas Públicas por la Universidad IEXE.
