Retos ante el presupuesto 2023

Por: Dr. Pedro López Elías[1]

En 2021, al llevar a cabo la medición de la pobreza en México, el CONEVAL estimó que entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9% y en número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones. En términos de carencias sociales, los mayores aumentos fue la carencia de acceso a los servicios de salud y el rezago educativo, entre otros[2]. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer, hace unos días, que en el ciclo escolar 2021-2022 [3], hubo una reducción de 1’175,104 alumnos y de 2,412 escuelas, en el total del sistema educativo nacional, con respecto al ciclo escolar 2020-20213. Es decir, hubo menos alumnos que van a clases y hay cierre total de diversas escuelas; lo cual debe ser muy preocupante.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contiene la propuesta sobre el monto y la distribución del Presupuesto Federal para el próximo año (2023). De esta forma, el PPEF plantea la política del Ejecutivo en materia de Gasto Público; por ello, resulta fundamental el análisis de los recursos asignados para los sectores prioritarios para la población, como lo son la educación, la salud y la seguridad pública, entre otros.

El PPEF 2023 estima un gasto total de 8.3 billones (millones de millones) de pesos, es decir un incremento nominal de 17.1% respecto al presupuesto aprobado en 2022 (7.1 billones). De este gasto total, el monto estimado para el Ramo 11 (Educación Pública) asciende a 402,277 millones de pesos (mdp), de los cuales 1,398 mdp (menos del 0.5%) corresponden a inversión física[4].

Considerando lo anterior, la inversión física observaría un incremento de 49.4% respecto al monto aprobado en 2022 (935 mdp). Por otra parte, si consideramos los presupuestos de los últimos 5 años (2018-2022), la inversión física en educación habría decrecido en promedio -14.6% anual en este periodo; de esta manera, el incremento propuesto para 2023 resulta oportuno, pero es raquítico.

En materia de salud, el PPEF 2023 propone un gasto de 209,616 mdp para el Ramo 12 (Salud), de los cuales 6,886 mdp son para inversión física. En este sentido, el presupuesto de inversión en materia de salud crecería un 14.4% respecto al 2022. Si consideramos la tendencia del presupuesto aprobado para inversión física para salud, durante los últimos 5 años, el crecimiento anual promedio sería de 6.3%. Porcentaje insuficiente para todas las carencias en salud que existen hoy en día.

Por otro lado, considerando las condiciones de estrés hídrico observadas durante 2022 en la región norte del país, la inversión en materia hidráulica se ha convertido un rubro que requiere atención inmediata. De acuerdo con el PPEF 2023, el monto estimado de inversión física en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sería de 50,591 mdp, lo que equivaldría a un incremento de 180.3% respecto al monto aprobado en 2022. Considerando los últimos 5 años, el presupuesto aprobado de inversión física para CONAGUA ha crecido en promedio 2.9% anual, una cantidad escasa ante la dimensión de los retos en infraestructura hidráulica.

Otra de las áreas de atención prioritaria para la población es la seguridad pública, un tema que ha permanecido en el debate público durante las últimas semanas, particularmente por el papel de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en estas tareas. El presupuesto para el Ramo 36 (Seguridad y Protección Ciudadana) en 2023 sería de 99,029 mdp, dentro de los cuales se consideran 67,827 mdp para la Guardia Nacional. El monto asignado para la GN considera un incremento de 8.0% respecto a 2022. Al comparar los últimos 5 años, el presupuesto aprobado para la GN (antes Policía Federal) ha crecido a una tasa promedio de 22.1% anual. Indudablemente, los recursos hacia las instituciones de seguridad pública han incrementado sustancialmente, por lo que vale la pena realizar un análisis puntual para evaluar la efectividad del gasto en esta materia.

En cuanto a la SEDENA, el presupuesto aprobado para el Ramo 07 (Defensa Nacional) pasó de 81,022 mdp en 2018 a 104,108 mdp en 2022, lo que equivale a un crecimiento anual promedio de 6.5%. Para 2023, el PPEF plantea un presupuesto de 111,912 mdp, lo que resulta en un incremento de 7.5% respecto al PEF 2022.

En materia de Deuda Pública, vale la pena destacar que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP[5]) ha incrementado de manera constante en términos nominales durante los últimos 5 años, pasando de 10.5 billones en 2018 a 13.1 billones en 2021 y a 13.2 billones para junio de 2022. El Costo Financiero de la Deuda Pública, incluyendo el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (antes FOBAPROA) pasó de 615,041 mdp en 2018 a 686,690 mdp[6] en 2021. Para 2022, el monto aprobado para el costo financiero de la deuda fue de 791,464 mdp, mientras que el PPEF 2023 estima un monto de 1.1 billones, lo que representaría un incremento de 36.3% respecto al monto aprobado para 2022.

Para 2022, el monto aprobado para el costo financiero de la deuda fue de 791,464 mdp, mientras que el PPEF 2023 estima un monto de 1.1 billones, lo que representaría un incremento de 36.3% respecto al monto aprobado para 2022.

Lo anterior, resulta relevante ya que la Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) 2023, estima que los Ingresos Derivados de Financiamientos (deuda pública) asciendan a un monto de 1.2 billones, cifra 28.5% superior a lo aprobado en la LIF 2022 (0.9 billones). Estos datos son importantes, ya que dan cuenta que el valor nominal de la deuda pública continuará aumentando, independientemente del porcentaje que estos representen del PIB y de los criterios metodológicos utilizados para calcular esta métrica. De acuerdo con la SHCP, a junio de 2022, el SHRFSP representó el 45.8% del PIB trimestral anualizado, y se estima que esta métrica cierre 2022 en un nivel de 48.9% y en 49.4% para 2023.

Como podemos notar, la integración del PPEF 2023 es desigual para la atención de las principales necesidades de los mexicanos, ya que en educación, salud e infraestructura hídrica el gasto es mínimo, con respecto al presupuesto en materia de seguridad y deuda pública, que siguen creciendo de manera impresionante, con un riesgo latente en el manejo de las finanzas públicas del país.


Artículo publicado en la revista «Innovación Empresarial» No16 de COPARMEX CDMX

[1] Pedro López Elías es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctorando en Derecho de Infraestructura Pública por la Universidad de Castilla – La Mancha, España. El Dr. López Elías ha sido docente por más de 32 años en instituciones de nivel superior y cuenta con 40 años de experiencia en los sectores de Derecho Financiero y Finanzas Públicas.

[2] CONEVAL, POBREZA EN MÉXICO. Medición de la pobreza 2021.

[3] Secretaría de Educación Pública, PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2021-2022.

[4] El PPEF contempla como inversión total: Inversión Física, Subsidios y Otros.

[5] Concepto más amplio de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de política pública que pudieran implicar endeudamiento a cargo del Sector Público. Incluye las obligaciones del Gobierno Federal, Organismos y Empresas Públicas, pasivos del IPAB, PIDIREGAS, Banca de Desarrollo, Fondos y Fideicomisos, entre otros.

[6] Excluye Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores (ADEFAS).

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