Por: Lizbeth Enríquez Gómez[1]
A enero del 2022 existen 4,620 millones de usuarios en redes sociales, es decir el 58% de la población mundial, de acuerdo con Hootsuite.2 Este crecimiento muestra que la transformación digital ya no es opcional, sino que es necesaria para todas las empresas, industrias y personas.
Ante este crecimiento, los gobiernos de diversas naciones han visto la necesidad de poner un alto a la desinformación y proteger los datos de los usuarios. Desde el 2019, la Comisión Europea fue la institución encargada de evaluar a las principales redes sociales (Facebook, Twitter y Google) y medir sus autorregulaciones.
En el 2018, las redes sociales antes mencionadas, firmaron un código de ética voluntario para asegurar la transparencia sobre la publicidad política y eliminar el abuso de bots (cuentas falsas), y así autentificar la información que se publica en estas plataformas. Consecuentemente, en Inglaterra, en el 2020, se planteó una ley que promueve la imparcialidad en las opiniones políticas.
No se debe olvidar que durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter y Facebook estuvieron en el ojo de la opinión pública, pues durante este periodo se eliminaron varias cuentas políticas, destacando la del expresidente Donald Trump.
En el pasado mes de marzo del presente año, en Argentina, os partidos políticos firmaron un pacto denominado “El Pacto por la Información y la Democracia” para el buen uso de las redes sociales y así evitar la pérdida de la democracia.
En este sentido, en días pasados, Twitter informó a Elon Musk, quien intentó comprar dicha red, que el 5% de las cuentas existentes son bots. Sin embargo, se ha discutido este porcentaje, ya que se considera impreciso, aunado a que en la actualidad no existe la tecnología precisa para poder realizar dicha medición.
Las diferentes redes sociales han dictado sus propias regulaciones, las cuales están basadas en sus propios intereses, buscando beneficios comerciales mas no sociales.
El pasado 13 de junio del presente año, el abogado mexicano Ulrich Richter ganó una demanda a Google, en primera instancia, que ordena bajar un blog (artículo) difamatorio. Ante la negativa de la plataforma, un juez en la Ciudad de México dictó una millonaria suma a pagar al abogado por el daño causado ante la difamación en la publicación. Dicho por el propio abogado “Las fake news (noticias falsas) no se pueden amparar porque son mentira”.
Ante la libertad de expresión, pocos son los países que han regulado las redes sociales, sin embargo, en la actualidad hemos visto que la agresividad que se vive en lo virtual ha alcanzado la vida real. Lo que se comunica o publica, en este caso, no proviene de la plataforma, sino de los usuarios y las regulaciones se imponen a las empresas y no al responsable del mensaje.
Al respecto, es importante puntualizar qué son políticas públicas y libertad de expresión: políticas públicas son los proyectos y/o actividades que realiza un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. Son respuestas del régimen político o gobierno en turno frente a situaciones sociales. Por otro lado, libertad de expresión es el derecho fundamental a expresar ideas y opiniones, en el caso que nos ocupa, se destaca su ejercicio en los medios de comunicación.
La libertad de expresión y su regulación queda en juicio ante la incógnita de las llamadas fake news y los bots, ya que aquí convergen varios participantes: las plataformas, los usuarios y el gobierno. Se ve claramente ante lo mencionado por Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, el pasado mes de febrero en una reunión de política exterior en Múnich, que en la infodemia no luchamos contra un virus, sino contra la mentira que daña nuestra mente y que también puede afectar nuestra salud al impulsarnos a tomar decisiones equivocadas.3
Considero que la desinformación o el engaño debe comenzar a ser regulado por las autoridades, pues genera distanciamientos sociales y problemas de orden público. Sin embargo, es responsabilidad compartida con la sociedad y las diferentes plataformas digitales controlar las cuentas falsas e información engañosa de manera ágil e inmediata.
Finalmente, toda persona debe considerar si la información que proporciona en redes sociales genera construcción o destrucción. Somos responsables en primera instancia de nuestras propias acciones, sin embargo, las plataformas digitales y gobiernos nacionales deben asumir una corresponsabilidad ante las guerras de desinformación, las cuales se han incrementado con mayor impacto social.
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Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Grupo López-Elías.
[1] Licenciada en Mercadotecnia del ITESM y Líder de Mercadotecnia de Grupo López-Elías.
2 Hootsuite es una plataforma web y móvil para gestionar redes sociales.
3 OMS referente a la desinformación: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/onu-contra-desinformacion-covid-19-ataques-ciberneticos
