Por: Noel Jiménez Camarillo[1]
La crisis económica que surgió a partir de la pandemia de COVID-19 tiene un componente particular: “el confinamiento de la población”; medida que afectó severamente a las empresas. Un ejemplo son las relacionadas con el sector turístico que vieron reducidos sus ingresos por las medidas sanitarias; también las industrias manufactureras enfrentaron una caída de ingresos a causa de un descenso en la demanda de su producción, pero, además, se enfrentaron a retrasos en la entrega de insumos (por ejemplo, microchips). La caída de la actividad económica global fue inevitable, el desempleo aumentó y las cadenas de producción se rompieron.
La recuperación económica dependía de tres factores principalmente: a) un sistema de salud con la capacidad para atender la emergencia sanitaria; b) desarrollo, efectividad y grado de cobertura de las vacunas contra COVID-19; y c) políticas públicas gubernamentales que buscaran recuperar las empresas y empleos perdidos.
Los países desarrollados no tardaron mucho en crear vacunas y empezarlas a aplicar, en cambio, en países subdesarrollados, como los latinoamericanos, dependieron de las dosis de vacunas enviadas por los países desarrollados, generando procesos de vacunación lentos, sumado a que no contaban con sistemas de salud capaces de responder ante esta emergencia sanitaria.
Para impulsar la recuperación económica, la inversión en el sistema de salud era indispensable; así mismo, se necesitaban políticas fiscales y monetarias que tuvieran como fin la recuperación de los sectores productivos del país. Sin embargo, se ha observado que los países de América Latina mantienen una política encaminada hacia el aseguramiento del pago de la deuda externa, y una mayor integración a los mercados internacionales, dejando de lado la orientación del gasto público en busca del pleno empleo.
México ha mantenido su política de finanzas públicas sanas, buscando un balance primario[2] positivo, esperando que las inversiones del sector privado sean las que promuevan el crecimiento económico.
En medio de una crisis, ante un escenario de cierre de empresas, el sector privado muestra aversión al riesgo de invertir en la economía. Durante 2020 y hasta junio de 2021, Banxico estuvo reduciendo sistemáticamente la tasa de interés objetivo, buscando que el “abaratamiento del dinero” ayudara a que las empresas pudieran hacer frente a sus obligaciones financieras y además fueran capaces de incentivar las inversiones. Sin embargo, esta baja en la tasa de referencia no tuvo resultados en las tasas de interés activas de los créditos, debido a la estructura oligopólica[3] del sector bancario, ya que históricamente las micro, pequeñas y medianas empresas han tenido dificultades para acceder a este tipo de créditos.
De esta forma, el grado de efectividad que puede tener la política monetaria es nula; lo que hace necesario una política fiscal que ayude a aumentar la inversión, para generar un crecimiento económico.
Las economías desarrolladas implementaron un paquete de ayuda hacia las empresas y familias, poniendo en práctica programas de crédito a corporativos no financieros, reestructurando carteras vencidas y transfiriendo dinero a las familias. En cambio, los países de América Latina siguieron con una política de finanzas públicas sanas, buscando el aseguramiento del pago de la deuda externa, para evitar la inestabilidad financiera.
Sin embargo, los paquetes de ayuda en las economías desarrolladas, como en el caso de Estados Unidos, generaron problemas inflacionarios, las cadenas de producción que se interrumpieron, continuaron sin alcanzar sus niveles prepandemia y, en cambio, las familias tenían liquidez (derivado de las transferencias directas) para seguir demandando bienes y servicios. Ante este aumento en la inflación, la FED[4] empezó a subir sus tasas de interés, pero el aumento de los precios de los energéticos y granos derivados de la guerra de Rusia y Ucrania redujo la efectividad de esta alza en las tasas.
Así, los países latinoamericanos, como México, tuvieron que aumentar sus tasas de interés, buscando mantener en el país capitales extranjeros, generando a su vez, el encarecimiento del dinero, dejando con poco margen de maniobra a las empresas.
A la fecha, la inflación a nivel mundial no ha cedido y la mayoría de los Bancos Centrales siguen aumentando sus tasas de interés, provocando que los países latinoamericanos aumenten aún más el costo del dinero ralentizando una posible recuperación económica.
Por un lado, las políticas monetarias de los países latinoamericanos son reaccionarias a la FED y, por el otro, las políticas fiscales no están encaminadas a favorecer el pleno empleo, lo que explica de manera general el por qué los países latinoamericanos no se han recuperado de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Grupo López-Elías.
Fuentes de Consulta:
Girón, Alicia (coordinadora). Política fiscal y monetaria. Confinamiento, pandemia y recuperación inestable. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. México. 2022.
Krugman, Paul. Me equivoqué sobre la inflación. The New York Times. Julio 2022.
[1] Lic. y Maestro en Economía por la UNAM y Analista Económico de Grupo López-Elías.
[2] Ingresos totales menos gastos totales (excluyendo el pago de intereses de la deuda).
[3] En una estructura de mercado oligopólica un pequeño número de empresas dominan el mercado, lo que conduce a precios más altos.
[4] Sistema de Reserva Federal (Banco Central de Estados Unidos).
