En la actual administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, cuatro estados registraron crecimientos arriba de 100% de su deuda total, que incluyen las obligaciones financieras de municipios y organismos públicos: Oaxaca, Morelos, Chihuahua y Campeche.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las 32 entidades del país, el mayor aumento del saldo total de financiamientos entre los cierres del 2012 y junio del 2018 se observó en Oaxaca con una tasa de 124.2%, al pasar de 5,660.4 millones a 12,690.2 millones de pesos en el periodo de análisis.
Entre el 2013 y el 23 agosto de este año, el gobierno de Oaxaca, así como sus ayuntamientos y entes, inscribieron 30 obligaciones en el Registro Público Único de la SHCP por un monto de 16,723.5 millones de pesos, cuyo saldo a marzo pasado se ubicó en 6,661.9 millones; del total, 77.2% se dirigió a inversión pública productiva y 22.8% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
En el Sistema de Alertas, que mide el nivel de la deuda en tres categorías y emana de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el territorio oaxaqueño se colocó en el segundo trimestre del 2018 en semáforo verde (endeudamiento sostenible), aunque en amarillo (endeudamiento en observación) está uno de los tres indicadores para realizar la medición: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (10.9 por ciento).
Oaxaca, a la primera mitad del año, mostró una relación de 82.0% entre los financiamientos y las participaciones (principal fuente de recursos con la que se pagan los adeudos), mientras al inicio del actual gobierno federal el coeficiente fue de 41.4%; es decir, incrementó más de 40 puntos porcentuales en dicho lapso.
Uno de los principales problemas de la entidad es su dependencia a recursos federales; para este ejercicio fiscal, se prevé en la Ley de Ingresos estatal un total de 67,019.8 millones de pesos, de los cuales, 94.6% proviene de la Federación.
Además, si bien en el primer trimestre del 2018 la actividad económica de Oaxaca creció 1.6% anual, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un año y medio antes estaba en fase recesiva; es decir, el ascenso tuvo una base de comparación baja.
“Derivado del impacto de los sismos ocurridos en septiembre del 2017, el estado contrató diversos créditos para mitigar sus presiones de liquidez y solventar el costo de las obras de reconstrucción”, indicó Fitch Ratings a finales de julio pasado cuando ratificó la calificación de “A-(mex)” a la calidad crediticia de la entidad y modificó la perspectiva a Estable desde Negativa.
La agencia explicó que los factores que limitan la nota son liquidez reducida, que deriva en el uso recurrente de créditos de corto plazo; nivel moderado de deuda y dependencia de ingresos federales; la exposición considerable a los efectos económicos derivados de los desastres naturales, que impacta en requerimientos más altos de inversiones; la participación muy baja en empleo formal dentro de la economía; las necesidades significativas en materia de infraestructura y servicios públicos, y las contingencias en materia de jubilaciones y pensiones.
Efectos del sismo
Morelos obtuvo el segundo mayor incremento del saldo total de la deuda entre finales del 2012 y la primera mitad del 2018, con una variación de 119.8%, pasando de 2,871.1 millones a 6,310.6 millones de pesos.
La administración morelense, entre el 2013 y el 23 agosto del 2018, inscribió 47 obligaciones en el Registro Público Único por un monto de 8,544.7 millones de pesos, cuyo saldo a marzo pasado fue de 4,540.8 millones. Destaca que del total, 77.1% tuvo como destino la inversión pública; le siguió refinanciamiento (20.8 por ciento).
En el Sistema de Alertas se posiciona en semáforo verde (también sus tres indicadores financieros), mientras que en el gobierno de Peña Nieto la relación deuda/participaciones transitó de 39.9 a 64.9 por ciento.
Para este 2018, la Ley de Ingresos de Morelos proyecta 22,792.1 millones de pesos, que significa una dependencia alta a recursos federales, ya que 89.1% del total corresponde a participaciones, aportaciones y convenios. Asimismo, en los primeros tres meses del 2018 su actividad económica descendió 2.5% anual.
Morelos actualmente tiene una calificación de “HR-A”. Para HR Ratings el estado requiere importantes niveles de inversión para seguir desarrollando la zona, así como apoyo para los municipios afectados por el sismo de septiembre del 2017.
“En cuanto a su endeudamiento, el estado tiene un nivel de deuda neta que ha limitado su calificación. Adicionalmente, el nivel de pasivo circulante será un tema que la nueva administración tendrá que observar, pues una parte importante del flujo del estado se ha financiado a través de estos pasivos”, explicó la agencia recientemente.
En amarillo
Chihuahua se ubicó en tercer lugar del país con la variación más elevada de sus financiamientos totales, en el periodo que comprende el cierre del 2012 y junio de este año, con una tasa de 107.3% (de 23,284.8 millones a 48,268.6 millones de pesos).
Esta administración subnacional, en lo que va del gobierno federal (corte al 23 agosto del 2018), inscribió 43 créditos en el Registro Público Único por 30,096 millones de pesos, con saldo a marzo pasado de 1,875 millones. Del total, 87.1% fue a refinanciamiento.
Dicha entidad está en semáforo amarillo del Sistema de Alertas, producto de que el indicador Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se encuentra en similar situación, mientras el referente a Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se estacionó en rojo (endeudamiento elevado).
A lo anterior se suma que en la relación entre los financiamientos de gobiernos estatales y participaciones federales, es el primer lugar nacional, con 256.0 por ciento. De los 64,110.5 millones de pesos previstos para este 2018 de ingresos, 78.2% es federal.
La economía de Chihuahua retrocedió 0.5% anual en el primer trimestre del año, después de registrar durante ocho años seguidos incrementos.
A inicios del año en curso, HR Ratings advirtió que “la revisión a la baja de la calificación de “HR A” a “HR A-” se debe al nivel observado de las principales métricas de deuda (…) Si bien, el estado ha implementado medidas para la contención del gasto y, con lo cual, HR Ratings espera que continúe; se estima que la entidad siga con falta de liquidez, lo cual se vería reflejado en la probable adquisición de financiamiento a corto plazo”.
Crisis petrolera
La deuda total de Campeche, en el lapso de estudio, creció 102.3%, saldo que llegó a 2,256.0 millones de pesos en la primera mitad del año. En la Ley de Ingresos se observa que vaticinan 19,591.0 millones de pesos, cuya contribución del gobierno federal sería de 88.6 por ciento.
En el Registro Público Único, ostenta a partir del 2013, 17 financiamientos por 3,177 millones de pesos (saldo a marzo de 1,520 millones), cuyo principal destino fue la inversión pública productiva (91.1%), situación que no ha revertido su actividad económica, en recesión desde hace más de cuatro años, debido a la los bajos niveles del precio de la mezcla y la disminución de la producción de petróleo (más de 80% de su Producto Interno Bruto depende de la minería petrolera).
No obstante, otros indicadores dibujan un panorama positivo. En el Sistema de Alertas se sitúa en endeudamiento sostenible y el coeficiente deuda/particiones fue de 29.6 por ciento.
Ayer, HR Ratings ratificó la calificación de “HR AA-” con perspectiva Estable al estado, “de acuerdo con la toma de financiamiento adicional a través de dos créditos estructurados destinados a la construcción del Nuevo Puente La Unidad y para inversión pública, se observó en el 2017 un déficit en el balance primario equivalente a 2.9% de los ingresos totales y se proyecta un déficit de 6.0% para el 2018”.
“Cabe mencionar que, una vez ejercidos los recursos para obra pública, se espera que el estado regrese a superávits en el balance primario de 0.5%, donde se considera una recuperación en las participaciones federales y una tendencia estable en el gasto corriente”, expuso.
Fuente: El Economista
