Una de las características principales que pudiera definir a un adecuado gobierno, sería la prevención de desastres naturales y la oportuna acción que se lleva a cabo cuando estos se presentan.
En materia de prevención parece ser que se han dado pasos firmes y decididos para eludir las variadas problemáticas que traen consigo los sismos, desarrollando una cultura ampliamente difundida sobre el quehacer antes, durante y después de un siniestro.
México se encuentra en una zona geográfica altamente sísmica. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, el país está ubicado en el área denominada Cinturón Circumpacífico, en la cual se concentra la mayor actividad del planeta, y desde el 19 de septiembre pasado los temas de la prevención y el alertamiento sísmico están más presentes en los habitantes del país.
La situación de la Ciudad de México tiene particularidades concretas como el hecho de ser un receptor de las ondas sísmicas, debido a que fue construida sobre lo que fue un lago.
Únicamente el estado de Puebla y la Ciudad de México cuentan con un sistema activo de alerta ante siniestros del tiempo: en la ciudad hay más de 15 mil altavoces que son capaces de avisar hasta con 100 segundos de anticipación un temblor de una magnitud considerable.
¿Por qué los estados aledaños a la Ciudad de México no cuentan con esta herramienta necesario y que sin duda puede tener beneficios tangibles para la ciudadanía?
La respuesta es que el gobierno de la capital ha invertido una fuerte cantidad de dinero para colocar las alertas por toda la ciudad.
Una investigación de Animal Político apunta que en el periodo de 2010 a 2011 se entregaron 126 millones de pesos a una empresa privada para que desarrollara un proyecto de actualización de la alerta sísmica, por lo que se comenzaron a colocar nuevos dispositivos.
Realizar este tipo de inversiones gubernamentales pueden justificarse plenamente cuando se presentan eventos como los de septiembre pasado, en los que anticiparse (aunque sea solamente unos segundos) al desastre puede hacer la diferencia para la integridad de las personas.
Sin embrago, estados con alta actividad de cataclismos como Morelos, Veracruz, Chiapas, y el Estado de México no tienen ningún tipo de alerta sísmica, ya que existe una falta de inversión pública para desarrollar este tipo de proyectos que, se ha comprobado, resultan eficientes cuando se presenta un evento de dicha naturaleza.
Evaluar la viabilidad de llevar a cabo este tipo de inversiones, en un flujo constante para mantener los equipos, debiera ser una tarea permanente de los tres niveles de gobierno, pues invertir en la seguridad siempre será una opción mejor que actuar después de la contingencia.
