Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que congeló la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la Cámara de Diputados se alista un nuevo intento de sujetar los salarios de los funcionarios por abajo de lo que percibe el presidente de la República, además de extender la política de austeridad a todas las instituciones federales.
Este lunes se discutirá, al filo del medio día, el dictamen de proyecto por el cual se crea la Ley Federal de Austeridad Republicana en la Comisión de Hacienda de la Cámara baja.
La iniciativa listada en la gaceta parlamentaria de San Lázaro desde el pasado 22 de noviembre tendrá que pasar la comisión en donde es mayoría Morena. En caso de ser aprobada, subirá al pleno de la Cámara y en caso de también ser aprobada se turnará al Senado.
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La norma es parte central del proyecto de nación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que impone políticas de ahorro en el gasto de las dependencias y organismos autónomos a nivel federal.
La ley está integrada por 13 artículos y tres más transitorios. En su artículo segundo indica, por ejemplo, que “las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria”.
Los artículos 75 y 127 indican, entre otras cosas, que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que la del presidente de la República.
Asimismo, en la ley de austeridad se indica en su artículo primero que los ahorros generados por la ley se destinarán a “programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes aplicables”.
La Secretaría de Hacienda será la institución encargada de emitir los lineamientos de austeridad para las dependencias federales. En caso de que las mismas no acaten las políticas de austeridad planteadas, se tipificará como una falta grave.
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“El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, se precisa en el artículo 13.
En su segundo artículo transitorio, la ley indica los tiempos en los que se presentarán y aplicarán las políticas de austeridad.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente decreto, emitirá las disposiciones administrativas generales a que se refiere el artículo 12 y los entes públicos obligados adecuarán sus presupuestos, dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la emisión anterior, para el adecuado cumplimiento de esta ley”, se acota.
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Hacia los funcionarios públicos, la norma restringe tanto los gastos en materia de telefonía, viáticos, honorarios, pasajes, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, entre otros rubros a que no se incrementen los recursos suministrados en el presupuesto de egresos inmediato anterior y sólo vayan en función de la inflación.
“Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte”, se precisa en el segundo párrafo del artículo 8.
Un rubro que también se restringe son los recursos destinados a la contratación de guardias.
“Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad (…) podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta”, se expone.
Fuente: El Economista
