Lic. Fidel Jiménez Reyes
Para el desarrollo de sus funciones, el Estado -a nivel federal, estatal y municipal- adquiere con recursos públicos, los bienes y servicios que le permita la consecución adecuada de sus objetivos, generalmente planteados en los respectivos planes de desarrollo; a dicha actividad se le conoce comúnmente como Contratación Pública.
En tal sentido, la Contratación Pública es una actividad clave para los gobiernos, puesto que se configura como un instrumento económico basado en el mercado interior, que debe fijarse como objeto, conseguir un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador. Para conseguir lo anterior, las contrataciones públicas deberán realizarse con una adecuada gestión de los recursos públicos.
Así, si las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras públicas, se gestionan adecuadamente, desarrollarán un papel de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público, representando as un elemento que inspire confianza en los sectores social y privado; privilegiando la prestación oportuna y de calidad de servicios esenciales a la población, incluida la inversión pública en infraestructura.
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Para lograr la gestión adecuada de las contrataciones públicas, la legislación debe establecer mecanismos y procedimientos de contratación claros y sencillos, que no se dupliquen o contradigan y generen diversas interpretaciones. Contando con ello, se fomenta la participación de los diversos proveedores y contratistas; pues se asegura que los participantes en los procesos de contratación tengan un trato más justo, transparente, equitativo, de calidad y con calidez, a fin de generar mayor diversidad y competencia en beneficio de los sectores público, social y privado.
Asimismo, y con el objeto de potenciar la participación de los sectores, social y privado, en las contrataciones públicas, se requiere de marcos institucionales, legales y reglamentarios que sean razonables y sólidos, ya que constituyen el fundamento para garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica en materia de contrataciones públicas sostenibles, eficaces y eficientes.
