La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ve un mayor riesgo para las finanzas públicas mexicanas si el gobierno, en orden de cumplir con sus objetivos de inversión y a falta de mayor participación del sector privado, recurre a más contratación de deuda. Ello, sumado a menores perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), como ya ocurrió con las estimaciones del propio gobierno la tarde del lunes, debilitarían la capacidad de recuperación económica del país y por ende acarrearía una baja en la calificación crediticia, expuso la firma en un análisis.
“El manejo prudente de la deuda y la limitada vulnerabilidad externa sostienen nuestra calificación de grado de inversión de México”, sostiene, luego de consignar que actualmente 80 por ciento de la deuda del gobierno central está denominada en moneda local, con un vencimiento promedio de ocho años.
La preocupación mayor –acentúa la calificadora- es el cierre a la participación de la iniciativa privada en el rubro energético, luego de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha revertido los contratos que se dieron en el pasado sexenio a empresas transnacionales para explotarlo, pero sí se ha parado la licitación de más proyectos en el sector. Este es el factor que genera más incertidumbre en los flujos de inversión privada, asegura S&P.
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“Existe un riesgo de que el limitado estímulo al crecimiento proveniente del sector público, aunado a la menor confianza de los inversionistas que reduce la inversión del sector privado, se traduzca en un panorama de menor crecimiento del PIB, debilitando así la resiliencia económica de México. A su vez, esto podría contribuir al deterioro fiscal y a la incertidumbre en el mercado financiero. Con ello, el perfil financiero del soberano empeoraría y afectaría su calificación crediticia”, destaca.
Añade que si bien el presidente alista una mayor participación del Estado en el desarrollo económico del país, “el limitado tamaño del sector público mexicano, fuera de los sectores de electricidad y energía, y de algunos bancos de desarrollo, dificulta la promoción de inversiones y crecimiento sin depender del sector privado, al menos en el corto plazo”, subraya el documento de análisis.
“El sector público tiene históricas debilidades operativas que limitan su capacidad para proveer servicios básicos y asumir nuevos proyectos, que impulsen directamente la economía”. Para botón de muestra, continúa S&P, el robo de combustible, conocido como huachicoleo, que continúa representando dificultades para el gobierno que ha cambiado la dinámica de distribución para evitar el saqueo.
“La inexperiencia administrativa y la ausencia de directivos capacitados podrían retrasar los ambiciosos planes de usar asociaciones público-privadas en la mejora de su infraestructura”, expone.
Sin embargo, S&P también reconoce que los 30 años que antecedieron a la presente administración, que el presidente Andrés Manuel califica de la “Era Neoliberal”, y que las reformas económicas que se llevaron a cabo desde mediados de los años 90 no llegaron a toda la población ni procuraron un crecimiento económico más rápido e inclusivo.
“Gran parte del origen de los problemas económicos actuales de México reflejan deficiencias en su desarrollo político e institucional en el último par de décadas”, destaca la empresa. Califica de fracaso los ejercicios para fortalecer el ejercicio de la ley, reducir la corrupción, mejorar la provisión de servicios públicos básicos y la seguridad pública. Todos con costos económicos y sociales, puesto que se estima que México pierde 1 por ciento del crecimiento anual del PIB debido al impacto de la delincuencia y la violencia.
Fuente: La Jornada
