Por: Mauricio de Jesús López Carrasco
Si bien ahora se cuenta con Compranet, hace no mucho, existían todas las condiciones idóneas para realizar toda clase de arreglos y sobornos en esta materia. Compranet ha llevado a implementar mejores prácticas, particularmente en transparencia y seguimiento, se puede mejorar todavía más, como darle un seguimiento mucho más completo a toda la ejecución de la contratación. La vigilancia y el control de la contratación son temas que siguen pendientes. Además, existen expedientes que están incompletos, y esto sin ningún motivo en particular.
Por otra parte, las contrataciones por adjudicación directa me parecen excesivas. Si bien las leyes de la materia lo permiten, esta modalidad de contratación está prevista como excepción a la licitación pública. Sin embargo, en la práctica, esta excepción se ha vuelto la regla general.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el Índice de Riesgos de Corrupción, analizando 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales de 2012 a 2017. Su metodología se basa en uno de los mayores expertos en este tema Robert Klitgaard, el cual afirma que hay riesgo de corrupción cuando existe falta de competencia, falta de transparencia y anomalías en el cumplimiento de la ley. La falta de competencia mide la libre concurrencia de proveedores y las barreras de entrada. La falta de transparencia evalúa la disponibilidad de la información y la publicidad de los documentos básicos del procedimiento. Por último, las variables correspondientes a las anomalías verifican el apego del procedimiento a la ley.
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Derivado de la aplicación de esta fórmula se determinó que las tres entidades con más Unidades Compradoras entres las 500 más riesgosas suman más de un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas. Esto no quiere decir que necesariamente exista corrupción en dichas contrataciones, pero sí un mayor riesgo de que la haya.
¿Con el Sistema Nacional Anticorrupción se resuelve el problema de corrupción en las contrataciones gubernamentales?
Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción ha llegado a renovar la lucha contra la corrupción, hay muchas áreas de oportunidad todavía. En el caso concreto de la contratación pública, el SNA no resuelve el problema de la corrupción, aunque sí hay un esfuerzo importante por cambiarlo. Si se aplican efectivamente los mecanismos de coordinación, las políticas públicas y la ejecución de las leyes, los resultados empezarán a notarse en algunos años más, teniendo todavía muchas lagunas que deberán irse subsanando con la misma ejecución del Sistema.
¿Cuáles son las principales innovaciones del sistema que permitirán, en su caso, combatir la corrupción?
De entrada, me parece que nunca antes se había tomado de manera tan seria el enfrentamiento con la corrupción, cuando menos desde el punto de vista legislativo, me parece que se está creando una gran estructura que con el tiempo podrá dar resultados satisfactorios si se ejecuta correctamente. Sin embargo, ya hemos experimentado en otros temas que a veces todo se queda en buenas intenciones. Resulta verdaderamente contradictorio que en el sexenio en donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción se den algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país y además que se mantenga la impunidad en ellos. Por lo tanto, la participación de tantos actores que conforman este Sistema debe ser más que relevante para que ningún caso quede impune. Dicha coordinación entre diversos actores y a varios niveles me parece también una de las principales innovaciones en este tema.
Otra más resulta la implementación de una Plataforma Digital, pero esto debe ir acompañado de una correcta instrumentación de manera que pueda llegar a toda la población.
¿El problema de corrupción en las contrataciones gubernamentales es un
problema regulatorio?
La corrupción debe entenderse y atenderse desde un punto de vista multifactorial. En este sentido, la corrupción en las contrataciones gubernamentales sí tiene que ver con un problema regulatorio desde mi punto de vista, sin que sea la única problemática. Pero sí creo que desde la ley se podrían establecer límites mucho más estrictos para evitar tantas adjudicaciones directas. Además de las sanciones previstas en ordenamientos como el Código Penal Federal, las cuales considero bastante bajas, como ya he expuesto anteriormente. No se trata de educar con base en el miedo a una sanción, pero sí hacerlo de manera en que se enfrenten las consecuencias jurídicas de los actos, con una pena ejemplar, que realmente no va a generar un cambio de pensamiento.
¿Qué propuesta implementarías para controlar la corrupción en las contrataciones gubernamentales?
En primer lugar, crear una sola Ley que regule tanto adquisiciones como obra pública. Las dos leyes federales son prácticamente idénticas, y creo que se pueden regular en una misma norma. Aunado a esto, cada entidad federativa tiene sus propias leyes en esta materia, y no siempre hay una correcta armonización. Esto se eliminaría con una sola Ley a nivel nacional.
Dicha Ley deberá establecer límites a las adjudicaciones directas, porque hemos visto que son un riesgo latente de corrupción.
Priorizaría además la contratación electrónica en los más casos posibles. Se es más eficaz en tiempos, brinda mayor transparencia y certeza. Países como Corea del Sur han desarrollado sistemas de compras gubernamentales en línea tan avanzados, que la mayoría de sus adquisiciones se realizan por este medio. Se debe aprender de los mejores y adoptar las mejores prácticas internacionales.
Empoderar mucho más a la Secretaría de la Función Pública y al Comité de Participación Ciudadana, para ejercer un mayor control y vigilancia durante el proceso completo de las contrataciones públicas.
