Por: Daniela Chuc Solís[1]
En la legislación mexicana, el artículo 134 de la Constitución Federal establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
La ley reglamentaria que contiene las disposiciones generales, reglas y procedimientos para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre que se utilicen recursos de la Federación. En dicha Ley se prevé que el Estado podrá adquirir y contratar los bienes y servicios que requiera, por regla general, a través de licitación pública; sin embargo, dadas las características, especificaciones, presupuesto o circunstancias especiales, se prevén excepciones a la licitación pública, que son la adjudicación directa y la invitación a cuando menos tres personas, siempre y cuando el Estado funde y motive las razones de su elección, de conformidad con lo establecido en la misma ley.
En las contrataciones que realice el Estado, dado el carácter público del origen de los recursos, es importante el factor competencia, a fin de que se obtengan las mejores condiciones, según lo previsto en la Constitución Federal. En este sentido, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señala que es precisamente este factor, el gran ausente de las compras públicas en nuestro país.
El IMCO analizó más de 350 mil procesos de compra publicados en CompraNet[2] por las dependencias de la administración pública federal durante el periodo 2013 a 2019, con los siguientes resultados[3]:
Tanto en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2018), como en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019), el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%. El porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019 fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasando del 35% al 39%.
Estos datos reflejan, entre otras cosas, que los bienes y servicios que el Estado adquiere, contienen condiciones, características y especificaciones que limitan la libre participación, ya que solo es viable adquirirlos a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas; por otra parte, reflejan la falta de planeación en el proceso de adquisición y la ausencia de un estudio de mercado previo a la contratación, el cual permitiría identificar las condiciones, proveedores y características de los bienes que imperan en el mercado. Esta situación contraviene las disposiciones constitucionales que señalan que se contratará en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
En conclusión, las contrataciones públicas deberían visualizarse como una herramienta de desarrollo a través de la cual el Estado incorpora a los diversos sectores de la sociedad en el proceso económico general a fin de impulsar la generación de empleo, la canalización de inversiones, el desarrollo productivo y sostenible, así como la producción y comercialización de los bienes y servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos.
Así mismo, el Estado debe promover que los grupos económicos más vulnerables participen en el ciclo económico del país, como es el caso de las MIPyMES que representan el 99.8% de las empresas del país, con una generación de 72% del empleo y 52% de PIB[4]. Por tanto, resulta necesario mejorar los procedimientos, la fiscalización e inclusive la normatividad de las contrataciones públicas, con el propósito de permitir que las compras gubernamentales abonen al desarrollo del país, al crecimiento económico de las empresas, la generación de empleo, el combate a la corrupción y, en general, a que los procedimientos cumplan con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
[1] Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche y Máster en Administración Pública por el Instituto de Estudios Universitarios. Abogada de Grupo López Elías.
[2] Sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contratación pública, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
[3] Fuente: IMCO.org.mx disponible en: https://imco.org.mx/compras-publicas-en-mexico-competencia-la-gran-ausente/
[4] Datos del Instituto Mexicano de la Competitividad en “Desarrollando las PYMES que quiere México”. https://imco.org.mx/pymes_que_requiere_mexico_2009/#:~:text=Las%20PYMES%20ocupan%20un%20lugar,productividad%20en%20M%C3%A9xico%20es%20baja
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