Rezago social, pobreza, informalidad, deficiencias en los sistemas tributarios locales o altos niveles de endeudamiento son los principales factores que inciden en la elevada dependencia de recursos federales que hay en las entidades del país, coincidieron especialistas.

A excepción de la Ciudad de México y Nuevo León, en el resto de los estados las transferencias federales representaron más de 80.0% de sus ingresos presupuestarios, es decir, esta mayor dependencia no permite a los gobiernos subnacionales emprender programas de inversión pública productiva con recursos propios ni mantener la deuda pública estable.

De acuerdo con el tercer y último informe de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a nivel nacional, 86.9% de los ingresos de las administraciones estatales proviene de la Federación.

De igual forma, en la mitad de las entidades del país, las transferencias federales representaron más de 90% de sus ingresos presupuestarios, además, 26 estados superaron el registro nacional señalado, destacando Guerrero, Chiapas e Hidalgo, cuyo indicador superó el umbral de 95%; Oaxaca siguió con 94.8 por ciento.

En cambio, la Ciudad de México tuvo la menor dependencia presupuestaria, con 58.2%, mientras Nuevo León quedó en segundo lugar, con 79.5%; destaca que entre las dos entidades con el coeficiente más bajo existe una diferencia de 21.3 puntos porcentuales.

El indicador de dependencia presupuestaria que realiza la ASF es la relación entre transferencias federales e ingresos totales de cada estado.

En este sentido, las transferencias federales incluyen los ingresos por concepto de aportaciones, participaciones, fondos distintos de aportaciones, transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, convenios y otras transferencias federales etiquetadas.

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Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que si los estados mostraran una menor dependencia presupuestaria, éstos podrían generar programas de inversión pública productiva y tener un nivel de deuda estable.

Indicó que la ausencia de políticas públicas ha generado una merma en las entidades, por lo que se necesita reforzar los escenarios fiscales para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, comiencen a invertir.

“Se necesita revisar la Ley de Coordinación Fiscal, y es que también se ha fomentado una gran dependencia a las participaciones federales. Algunos gobiernos locales no se esmeran en generar recursos propios, porque año con año la Federación les da una buena cantidad de recursos y les gusta esa dependencia”, comentó.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), señaló que los sistemas tributarios locales que operan con ineficacia, ya sea por corrupción, así como la inoperancia de programas enfocados a que se reduzca la informalidad, son los mayores problemas que genera esta dependencia presupuestaria.

Dijo que hay entidades que cuentan con un fuerte rezago social, la mayoría de la población vive en condiciones de baja pobreza y la inseguridad es muy alta.

“Los gobiernos locales deben trabajar en políticas públicas que fomenten la educación y la creación de empleos. Deben invitar a los miembros que pertenecen a la informalidad a que se formalicen. De lo contrario las entidades no avanzarán, el panorama tiene que cambiar”, enunció.

El director del Idic refirió que a pesar de que hay entidades que cuentan con desarrollo industrial notable, éstas no pueden progresar por sus niveles de endeudamiento, porque los recursos que se generan van dirigidos a finiquitar deudas heredadas.

“También puede ser que hay demasiadas condonaciones fiscales y por lo mismo, la recaudación de impuestos en empresas se ve mermada, y los estados se quedan sin ganancias”, acentuó.

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El analista del CIEP detalló que la dependencia presupuestal significa una disminución de oportunidades para los estados, porque el desarrollo de obras y creación de empleos se ven comprometidos.

Además, agregó, será por medio de un plan a largo plazo que las entidades puedan ser más independientes, “para ello la Federación debe promover la educación, reforzar la seguridad, y crear programas fiscales óptimos que promuevan la inversión, pero que no afecten la recaudación de impuestos”.

Excepción

Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, que la capital del país sea la entidad con mayor independencia presupuestaria en el 2017 es el resultado de que se trabajaron políticas públicas óptimas y hubo una buena estrategia de recaudación fiscal.

“Históricamente, la Ciudad de México ha sido el centro de inversión más importante; sin embargo, el hecho de que sea más independiente y que cuente con una buena cantidad de recursos es que sus organismos locales desempeñaron un buen papel con la recaudación y generaron incentivos fiscales óptimos que atrajeron inversión”, dijo.

Comentó que también este posicionamiento es resultado de que la entidad se ha enfocado en las actividades terciarias, comercios y servicios, que generan un gran volumen de derrama económica.

“Otro factor que ha beneficiado es el de la concentración poblacional, es la urbe con más habitantes y hay impuestos locales como la Tenencia y el Predial. Esto hace que haya más dinero y lo notamos en el desarrollo de programas sociales y creación de obras públicas”, expuso.

Zozobra

En el otro extremo, la mayor dependencia presupuestaria se presentó en Guerrero (97.0% de sus ingresos provino de la Federación), Chiapas (95.3%), Hidalgo (95.2%) y Oaxaca (94.8 por ciento).

Meléndez Aguilar declaró que Guerrero y Chiapas son entidades que cuentan con altos índices de violencia y pobreza, que en conjunto merman o alejan la llegada inversiones, “muchas veces los empresarios buscan mano de obra capacitada y un marco jurídico consolidado que asegure el Estado de Derecho.

“En estas dos entidades no hay desarrollo de actividades económicas, no vemos presencia de empresas enfocadas al armado automotriz, tampoco maquilas, ni un sector de servicios de hoteles y comercios consolidado. En suma, esto genera que no haya recursos propios y se es dependiente de la federación”, admitió.

“Los casos de corrupción han dejado un mal sabor en el contribuyente hidalguense y por lo mismo, se ha generado una cultura de no pagar impuestos; y es que un fenómeno que se dio en años anteriores es que en muchos municipios se pagaban impuestos y quienes ocupaban cargos públicos se enriquecían”, puntualizó David Emir Guerrero Trejo, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo.

“Hace falta que en Hidalgo la población vuelva a confiar en el gobierno y pague impuestos, se tienen que crear mecanismos que provoquen que la gente se una a la formalidad y que los contribuyentes paguen”, aseguró.

Luis David Méndez Hernández, especialista de la Universidad La Salle Oaxaca, manifestó que no hay desarrollo de actividades económicas sólidas en la entidad oaxaqueña, por lo que no se pueden recaudar un nivel elevado de impuestos.

“En Oaxaca no hay desarrollo de actividades manufactureras, ni presencia de industria. El gobierno local debe apostar por diversificar, porque si solamente dependemos del turismo, actividad que se ha impulsado más, no podremos avanzar y seguiremos dependiendo de la Federación”, sostuvo.

Destinarán 100 millones de pesos para rehabilitar el Canal Nacional

Con el fin de convertir el espacio público de Canal Nacional en un lugar de desarrollo económico, durante este año se invertirán 100 millones de pesos, detalló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, explicó que este cauce de agua, ubicado en el centro oriente de la capital del país y cuya longitud es de 8.6 kilómetros de extensión, se convertirá en parque lineal. En éste, añadió, se desarrollarán actividades turísticas que generarán derrama económica, como instalación de restaurantes, centros recreativos, locales y pequeñas empresas.

Rafael Carmona Paredes, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), detalló que el proyecto de rescate se dividirá en tres etapas. La primera corresponde a la parte norte del Canal Nacional, de La Viga hasta Río Churubusco, con 1,687 metros de longitud.

“La segunda etapa que trabajaremos en el 2020 tiene 4,145 metros y va de la calle Nimes hasta La Viga; y la tercera etapa que está en el extremo sur, es de Anillo Periférico a la calle Nimes, con 2,766 metros de longitud”, puntualizó.

Informó que la primera fase del proyecto iniciará en marzo y deberá terminarse el 30 de junio; la obra contempla el saneamiento de caudal con tecnologías alternativas y sustentables, también se hará la renovación del alumbrado.

“Trabajaremos en la limpieza y reconstrucción de bordes y plantilla, haremos uso de especies subacuáticas que pueden establecerse sin la necesidad de abastecer en grandes cantidades de agua al Canal Nacional. Tendremos el mejoramiento e integración de calles aledañas, en especial haremos el manejo de vegetación y bordes laterales sobre camino para crear un paseo seguro”, comentó Carmona Paredes.

Señaló que no solamente el Sacmex intervendrá en la obra, también participarán las secretarías de Turismo, de Medio Ambiente, de Movilidad, así como las alcaldías de Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa.

Fuente: El Economista 

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