La suma de financiamientos y obligaciones de los gobiernos locales y sus entes públicos ascendió a 603,852 millones de pesos, 3.1% menos, en términos reales, respecto al 2018.
Al cierre del 2019, la deuda pública de los gobiernos locales registró tres caídas consecutivas, como consecuencia de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la suma de financiamientos y obligaciones de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos ascendió a 603,852 millones de pesos al corte del año pasado, 3.1% menos, en términos reales, respecto al mismo lapso del 2018.
Esta disminución significó la tercera al hilo: -1.3% en el 2018 y -3.7% en el 2017. Mientras el promedio de crecimiento anual del periodo 2007-2016 fue de 9.4 por ciento.
Esta tendencia a la baja de la deuda pública subnacional deriva de los efectos de la Ley de Disciplina Financiera, creada en el 2016, en la administración de Enrique Peña Nieto.
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El fin de dicho marco normativo es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades y municipios del país, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas.
El objetivo de este marco regulatorio es evitar que el nivel de endeudamiento aumente, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente de contratar deuda sin control.
Para determinar el techo de financiamiento neto al cual se podrá acceder en el próximo ejercicio fiscal, la Ley de Disciplina Financiera tiene al Sistema de Alertas, que clasifica el endeudamiento en tres niveles: en sostenible se podrá acceder a un adicional equivalente a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición (ILD); en observación, el límite será de 5% de sus ILD, y en elevado, no podrá contratar financiamiento adicional. Al cierre del 2019, ninguna entidad se ubicó en elevado, mientras Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Quintana Roo se colocaron en observación.
Cabe destacar que, debido a reformas a la Ley de Disciplina Financiera, publicadas el 30 de enero del 2018, su aplicación total en los presupuestos locales, en relación con el acceso del techo de endeudamiento, comenzó en el anterior ejercicio fiscal, aunque desde el 2017 algunas entidades aplicaron esta normativa.
En la parte alta
Al cierre del 2019, sólo nueve estados, con sus respectivos municipios y entes públicos, aumentaron a tasa anual real su deuda: Tabasco (41.9%), Tamaulipas (17.3%), Tlaxcala (16.7% —las obligaciones corresponden solamente a sus municipios—), Yucatán (9.2%), Baja California Sur (6.9%), Durango (4.5%), San Luis Potosí (1.9%), Quintana Roo (1.1%) y el Estado de México (0.6 por ciento).
El incremento de la deuda de Tabasco llama la atención. El estado petrolero, que aún resiente la crisis que vivió el sector, se encuentra en una fase recesiva: en los primeros tres trimestres del 2019, su actividad económica cayó 8.0%, en comparación anual y con cifras desestacionalizadas, el peor nivel en todo el país.
Esta merma económica y petrolera impacta de forma negativa en la recaudación, y por ende, en la repartición de participaciones federales, el principal ramo del gasto federalizado: ¿la consecuencia? Menores ingresos por la dependencia que existe hacia la Federación, así como la falta de proyectos de infraestructura.
En este sentido, el gobierno estatal de Tabasco contrató 2,500 millones de pesos de obligaciones el año pasado, cuyo destino fue cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Una dinámica distinta tomaron los municipios de Centro y Comalcalco, al adquirir financiamientos de 140.4 y 68.4 millones de pesos, respectivamente, dirigidos a inversión pública productiva (da un beneficio social, económico y financiero).
En el caso de Tamaulipas, en el 2019, la deuda estatal se elevó (20.6%) y la municipal descendió (-12.5%), dando en conjunto un alza de 17.3 por ciento. Al igual que Tabasco, la administración de la entidad, que alcanzó un crecimiento económico de 1.8%, se endeudó para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Por último, Tlaxcala, que completa el podio de los mayores aumentos de la deuda, destaca porque la variación anual de 16.7% se refiere a sus municipios, ya que el gobierno estatal no registra obligaciones. Una de las causas por las cuales no adquiere financiamientos sería que, como es el territorio con mayor dinamismo económico en México (9.1% al tercer trimestre del año pasado), genera los suficientes ingresos para satisfacer sus diferentes necesidades en gasto corriente y de capital.
No obstante, la contratación de deuda de los municipios de Tlaxcala se consigna a inversión pública productiva, recordando que los destinos, además de este último que se enfoca en proyectos de infraestructura, que puede ser refinanciamiento o cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal (pago de nómina u otra eventualidad de corto plazo).
Querétaro, ejemplo a seguir
Al otro extremo, las disminuciones más pronunciadas de la deuda pública de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos, al finalizar el 2019, se dieron en Michoacán (-11.7% anual real), Guanajuato (-17.0%), Guerrero (-18.1%), Colima (-19.8%) y Querétaro (-45.5 por ciento).
Estas reducciones podrían ser producto de políticas financieras prudentes, elevados ingresos por una actividad económica sostenible —con sus respectivos inventivos recaudatorios en las participaciones federales— o simplemente para ubicarse en semáforo verde del Sistema de Alertas y elevar el techo de financiamiento.
En Querétaro es una combinación. Desde el 2014, tanto estado como municipios no exhiben financiamientos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, en los últimos cinco años ostenta una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5% de su actividad económica.
Se añade que, al cierre del 2019, su deuda pública es la segunda más baja en territorio nacional, de 388 millones de pesos, detrás de Tlaxcala, con 43 millones. Pero si únicamente se contabilizan el saldo de las obligaciones del gobierno del estado, es el menor monto (246 millones) —la administración estatal de Tlaxcala no tiene financiamientos.
Los mayores volúmenes de endeudamientos son de la Ciudad de México (84,625 millones de pesos), Nuevo León (77,931 millones), Chihuahua (52,240 millones), el Estado de México (49,659 millones) y Veracruz (44,117 millones); de este grupo, solamente Chihuahua no es parte de las seis economías más grandes de la República Mexicana.
Ley de Disciplina Financiera
La Ley de Disciplina Financiera se creó en el 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su fin es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades y municipios del país, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas. Este marco normativo determina el techo de financiamiento a través del Sistema de Alertas, que clasifica el endeudamiento en tres niveles: sostenible, en observación y elevado.
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Durango, único con retroceso
Al cierre del 2019, el Sistema de Alertas, que mide el nivel de endeudamiento de estados y municipios, detalla que ninguna entidad se encuentra en semáforo rojo (endeudamiento elevado), mientras en amarillo (en observación) se ubican Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Quintana Roo. El Sistema de Alertas determina el techo de financiamiento neto al cual se podrá acceder el próximo ejercicio fiscal. En verde (endeudamiento sostenible), a un adicional equivalente a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición (ILD); en amarillo, el límite será de 5% de sus ILD, y en rojo, no podrá contratar financiamiento adicional. Al comparar los resultados del año pasado con los del 2016, se observa que el único estado que retrocedió fue Durango, al pasar de endeudamiento sostenible a en observación. Mientras Baja California, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas mostraron mejoras en sus indicadores de deuda, por lo que pasaron de amarillo a verde. Por su parte, Coahuila en el 2016 se colocaba en endeudamiento elevado, y para el cierre del 2019 transitó a en observación. Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo continúan en semáforo amarillo.
Fuente: El Economista
